Rubén Espinosa Becerril, el reportero gráfico asesinado junto con otras cuatro personas en un departamento de la Colonia Narvarte, no aceptó la protección que le ofrecieron activando el Protocolo de Seguridad para Periodistas por desconfianza.

 

De acuerdo con la entrevista que sostuvieron la víctima y Gabriel Soto, Oficial del Programa de Protección y Seguridad en Artículo 19, Espinosa Becerril decidió no firmar los oficios para activar el protocolo porque temía que sus datos personales, los de sus familiares y amigos que debían ser incluidos en la solicitud, fueran filtrados a las personas de las que estaba huyendo.

 

“Cuando hay un caso, de cajón te hablan para saber qué quiere la persona y si quiere la intervención, pero directamente de la subsecretaría (de Segob) con nosotros no fue (el acercamiento 15 días antes del multihomicidio) probablemente con algún otro tipo de organización.

 

A mí me habló una persona de la Unidad para hablar del caso de Rubén, saber si queríamos hacer de manera formal la petición y nosotros no la hicimos porque Rubén no estaba seguro y es acto personal que se tiene que hacer, entonces les explicamos que todavía no, que estábamos viendo si era necesario, pero sí les dijimos que tuvieran contacto con él”.

 

“Fue un acercamiento de una llamada, cuando se va a emitir una alerta muchas veces nos llaman y nos explican sobre la incorporación, pero es la misma persona la que tiene que aceptar. Él tenía cierta desconfianza de llenar los documentos porque muchas veces se enteran de direcciones, de dónde viven personas cercanas o que están apoyando y él temía que se filtraran esos datos, no quería dar esos datos porque en verdad temía que cualquier dato que les diera a ellos también iba a acabar en las personas que lo perseguían. Eso es lo que yo sentí cuando lo entrevisté”, recordó Soto en entrevista.

 

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, afirmó que 15 días antes del multihomicidio tuvieron información en el monitoreo sobre la salida de Rubén Espinosa y se inició un protocolo, sin embargo, para ser incorporado al mecanismo de protección se requirió de su solicitud por escrito, misma que fue elaborada.

 

“Activamos un protocolo y enviamos comunicados a la Procuraduría de Veracruz, la Procuraduría General de la República y prendimos un foco, este es un protocolo para avisar que estamos atendiendo el asunto.

 

“Al mismo tiempo, nos acercamos organizaciones de defensores de periodistas donde también comentamos que habíamos encontrado este asunto y pedimos que se acercaran con el periodista para ofrecerle los servicios del mecanismo. Debo decir que esto no sucedió”, aseguró Campa Cifrián.

 

Daniela Pastrana, coordinadora del organismo Periodistas de a Pie, resaltó que aunque Espinosa Becerril no aceptó que se activara el protocolo de seguridad a su favor, las instancias tienen la obligación de agotar todas las opciones posibles para tratar de convencer a las personas en riesgo independientemente de que aquellas no quisieran, por el temor implícito que hay de denunciar, para activar el protocolo.

 

El 31 de julio fueron asesinadas en dicho departamento de la Colonia Narvarte Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.

 

La activista social Nadia Vera y su amigo el fotógrafo Espinosa Becerril habían llegado a la Ciudad de México huyendo de Veracruz en busca de seguridad porque recibieron amenazas y acoso de Duarte de Ochoa y el secretario de Seguridad Pública de aquella entidad, Arturo Bermúdez Zurita, de acuerdo con las denuncias públicas que realizaron por separado y en distintos momentos en medios de comunicación.

 

Daniel Pacheco Gutiérrez, 41 años de edad,  quien estuvo preso a partir del año 2000 y cumplió condena de nueve años y seis meses de prisión por violación y robo, es el único detenido por estos delitos. La madrugada del 4 de agosto de 2015 fue aprehendido y está preso en el Reclusorio Oriente.

 

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