GUATEMALA. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dio trámite a un antejuicio al presidente Otto Pérez Molina por considerar que existen suficientes indicios de su participación dentro de la estructura La Línea y por tanto su vinculación con el millonario de fraude fiscal y envió el expediente al Congreso para que integre la comisión investigadora.

 

La Fiscalía y la Comisión internacional contra la impunidad (Cicig) en Guatemala solicitaron el retiro de inmunidad al Ejecutivo por considerar que está vinculado a una red de funcionarios y particulares que recibió sobornos de empresarios para evadir al fisco. E incluso lo señalan como el líder de ésta.

 

El Congreso guatemalteco recibió oficialmente a las 16:00 horas del martes el expediente del antejuicio, el segundo en menos de 90 días en contra el presidente Pérez Molina. El primero fue solicitado por el diputado Amílcar Pop, por el mismo caso pero con evidencias de medios. El tema fue descartado en el Congreso.

 

Los legisladores fueron convocados a sesión para el próximo jueves a las 10:00 horas, donde se deberá conocer e integrar la Comisión Pesquisidora.

 

La comisión investigadora será integrada por cinco diputados electos al azar que rendirán informe al Pleno y recomendarán o no el retiro de la inmunidad.

 

Decisión unánime; una magistrada se excusa

 

El magistrado Rafael Rojas dijo a The Associated Press que la resolución fue adoptada por unanimidad de los 13 magistrados que conforman la Corte.

 

Solo la magistrada Blanca Stalling, que también vinculada en las grabaciones telefónicas del caso, se excusó de conocer y fue reemplazada por un magistrado suplente.

 

Se acumulan renuncias

 

El presidente vive la peor crisis de su gobierno tras la petición de la fiscalía de que se le retire la inmunidad para ser investigado por el escándalo de corrupción al fisco guatemalteco.

 

Desde el viernes han renunciado cinco ministros de los 13 miembros del gabinete, 8 viceministros y dos secretarios, en medio de protestas ciudadanas que piden la renuncia del mandatario.

 

La fiscalía y la Comisión, hay fuertes indicios de que el mandatario está vinculado a una red de defraudación aduanera, denominada “La Línea”, que habría robado millones de dólares al fisco guatemalteco.

 

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti enfrenta cargos por el caso.

 

A pesar de las acusaciones, Pérez Molina emitió el domingo un mensaje televisado a la nación en el cual informó que no renunciaría al cargo, que se sometería a los tribunales de justicia, pidió perdón por la corrupción en su gobierno y negó los cargos en su contra.

 

Guatemaltecos preparan protestas y paros

 

Se espera que en los próximos tres días se registren protestas y bloqueos de carreteras para pedir la renuncia del mandatario.

 

Helen Mack, activista de derechos humanos, cree que el presidente “llamó a la confrontación para volverse un perseguido político para evadir la justicia, así que cualquier acto violento será responsabilidad de él ya que las 18 semanas de protestas han sido pacíficas”.

 

La representante estudiantil Lucía Ixchiu llamó “cobarde” al presidente por lanzar ese discurso y porque se atrinchera en su puesto sin haber escuchado al “clamor popular que pide su salida”.

 

El sector empresarial pidió públicamente su renuncia y a esto se unió la Iglesia católica a través del arzobispo guatemalteco Oscar Julio Vian.

 

“Yo creo que sí debe renunciar”, dijo Vian luego de la misa del domingo y al ser consultado sobre la situación del país.

 

El analista y ex vicepresidente Eduardo Stein dijo a The Associated Press que “hay una incertidumbre de ver que es lo que va a pasar después de las acusaciones tan graves de la Comisión contra la impunidad”.

 

La premio nobel de la paz Rigoberta Menchú dijo a AP que esta semana es “crucial que todos los sectores tengamos la capacidad de no propiciar violencia”.

 

El líder campesino Carlos Barrientos dijo que habrá más de 25 puntos que estarán bloqueados alrededor del país para presionar por la renuncia y el rechazo a las elecciones programadas para el 6 de septiembre.

 

La Comisión, un ente de Naciones Unidas para desarticular aparatos clandestinos y de seguridad dentro del estado guatemalteco, dijo que La Línea estaba integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos en sus importaciones.