La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías de las entidades federativas, a desarrollar una estrategia coordinada para combatir el robo de hidrocarburos, delito que ha ido en aumento en los últimos años.
A través de un punto de acuerdo, senadores y diputados advirtieron que la ordeña ilegal de ductos ha sido una problemática para la que no se ha planteado una estrategia integral, lo que ha derivado en el incremento de este ilícito durante los últimos 15 años.
El dictamen, avalado en la Primera Comisión de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Justicia, detalla que en el periodo 2000-2014 se contabilizaron 11 mil 872 tomas clandestinas, mientras que para el cierre de 2015 podrían existir más de 5 mil 700 tomas en todo el país, lo que sería un nivel histórico.
De acuerdo con datos oficiales, el incremento en este delito se debe a dos factores: a que el robo de hidrocarburos se ha dispersado hacia nuevas localidades y a la presencia de nuevas bandas criminales.
Puntualizaron que mientras en 2004 se ubicaron tomas clandestinas en 51 municipios del país, para 2014 se reportó la ordeña de ductos en 236 municipios.
Según consta en el documento aprobado por la Permanente, los estados de Sinaloa, Tamaulipas y Guanajuato, Tabasco, Puebla, Jalisco, Estado de México y Veracruz, concentran el mayor número de tomas clandestinas localizadas, por lo que “especialmente en estas entidades es impostergable una estrategia coordinada con la PGR”.
Los legisladores añadieron que este problema ha escalado a niveles tan altos que ha derivado en problemas de desabasto de combustible principalmente en la zona norte y centro del país.
“Esta problemática por la que está atravesando el país es sin duda una de las más graves de los últimos 15 años, debido a que el robo de hidrocarburos o robo de gasolinas en México está dejando a las estaciones de servicio vacías, en los últimos meses”, advirtieron.
Impactos
Con relación al impacto económico, anotaron que durante 2014 Pemex tuvo una pérdida de 19 mil millones de pesos, por la sustracción ilícita de 9.8 millones de barriles. Adicionalmente, la empresa petrolera tuvo un quebranto de 6 mil 543 millones de pesos en el mismo año por costos de reparación de infraestructura afectada por las organizaciones delincuenciales.
En ese sentido, el Congreso sostuvo que ante una de las crisis más graves para el país es necesario que las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas y a la Procuraduría General de la República, desarrollen una efectiva coordinación en la investigación del delito de robo de hidrocarburos, que evite el riesgo que este ilícito representa para la población y permita sancionar a los responsables.
“La Comisión Permanente, manifiesta su preocupación por el incremento de este delito y coincide en que cada entidad federativa, a través de su Procuraduría de Justicia junto con el Gobierno Federal a través de la Procuraduría General de la República, deben investigar todos los asuntos que tengan como resultado el delito de robo de combustible”.
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