HERMOSILLO. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sonora consignó a 16 personas por presunto tráfico de menores, entre ellas, un ex funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

 

El titular de la PGJE, Carlos Navarro Sugich, indicó en conferencia de prensa que el 18 de marzo pasado se inició la investigación al respecto, derivada de una denuncia anónima y la víspera se giraron las primeras órdenes de aprehensión.

 

Reveló que se solicitó detener a Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, quien se desempeñaba como subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF y también fungía como encargado de la línea PROTEGE de la misma institución.

 

Asimismo, anotó, se pidió girar orden de aprehensión en contra de José Manuel Hernández López, quien laboraba en el área jurídica de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y sostenía una relación de amistad con Arzate Carvajal.

 

Las 16 personas consignadas, entre las que se encuentran los mencionados y también aquellas que pagaron entre 80 mil y 150 mil pesos por los menores, son presuntos responsables de delitos como incumplimiento de un deber legal.

 

Además, de los ilícitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infantes, así como sustracción y tráfico de menores e incapaces.

 

Mencionó que se ha logrado identificar a nueve menores involucrados que fueron registrados ante el Registro Civil como hijos biológicos en forma irregular, de los cuales se conoce su paradero, pero aún no se han recuperado.

 

El ex funcionario del DIF tenía acceso a la información de personas en proceso de adopción, además identificaba a mujeres vulnerables por problemas de drogadicción que daban a luz en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES), explicó.

 

“Entre ellos –Arzate Carvajal y Hernández López– se encargaban de identificar a las parejas dispuestas a entregar dinero, Vladimir se encargaba de recoger al bebé que nunca ingresó al sistema DIF ni a la información del Estado, como ocurre de los que nacen de madres vulnerables”, abundó.

 

Refirió que desde el 2012, Arzate Carvajal y Hernández López encontraron la manera de obtener beneficio económico a cambio de entregar menores a personas que los registraron como sus hijos biológicos.

 

Precisó que se cubrieron sumas que oscilan entre 80 mil y 150 mil pesos por los menores, mientras que por el aviso de nacimiento, en el que se establecen los datos del menor y los supuestos padres, se pagaron hasta 15 mil pesos.

 

Anotó que se realizan operativos para ejecutar las órdenes de aprehensión, además de llevar a cabo algunos cateos en relación con este caso, cuya indagatoria continúa abierta, puesto que –subrayó- se desconoce si hay más personas y menores involucrados.

 

Hizo un llamado a las madres que “en un momento de transitoria vulnerabilidad” permitieron que les arrebataran a los niños de sus brazos a que se acerquen a la fiscalía estatal para reparar el vínculo consanguíneo que fue desbaratado por esta situación.

 

El fiscal estatal refirió que entre los consignados están personas que pagaron por los menores y se asumieron como sus padres biológicos, pero rechazó revelar su identidad para proteger a las verdaderas víctimas de este caso que son las niñas y niños.