El fiscal general de New Mexico, un demócrata, acusó a la secretaria de Gobierno, la republicana Dianna Duran, de malversación, fraude, lavado de dinero y violación de las normas de financiación de la campaña electoral, escenificando la ruptura entre los dos por la aplicación de las leyes del estado que rigen las campañas.

 

La oficina del fiscal general Hector Balderas presentó el viernes por la noche una querella con 64 cargos en la corte del distrito del estado en Santa Fe. Balderas no hizo público ningún comunicado ni compareció ante los medios para anunciar la denuncia contra Duran, una de los republicanos con más poder en el estado.

 

El portavoz de Balderas, James Hallinan, dijo que el departamento no ofrecería ninguna información más allá del documento judicial.

 

Duran y su portavoz no contestaron por el momento las llamadas telefónicas ni mensajes de correo electrónico pidiendo comentarios. Se desconoce su Duran designó un abogado.

 

La investigación de la fiscalía partió de una pista confidencial recibida en julio de 2014. Duran fue acusada de desviar contribuciones destinadas a su campaña a sus cuentas personales para su uso propio.

 

Según la denuncia, la investigación se centró en depósitos de grandes cantidades de dinero en efectivo así como en contribuciones de campaña en cuentas personales y de campaña controladas por la secretaria de Gobierno. El movimiento del dinero solía terminar en gastos en efectivo en casinos de todo el estado, sostiene el documento.

 

Los investigadores obtuvieron citaciones para varios casinos donde Duran retiró dinero. Los registros muestran que esas operaciones electrónicas sumaron más de 282,000 dólares solo en 2014. Otros 147,641 dólares se retiraron en 2013.

 

La denuncia cita también una serie de transacciones bancarias detalladas, así como donaciones de partidarios que ponen en duda los informes de financiamiento de su campaña.

 

Además de los numerosos cargos graves de malversación y lavado de dinero y de delitos menores, Duran enfrenta acusaciones de manipulación de registros públicos, conspiración y violación de la Ley de Conducta Gubernamental del estado.

 

“Dianna J. Duran usó sus facultades y de su condición de funcionaria pública, empleados y de la oficina de la Secretaría de Estado para obtener beneficio personal o perseguir intereses privados, comportándose de una forma en que no cumplió con la integridad, ética, responsabilidades del servicio público”, afirma la denuncia.

 

La gobernadora del estado, la también republicana Susana Martinez dijo que ha hablado con Balderas sobre los cargos contra la secretaria de Gobierno.

 

“Estas acusaciones son muy alarmantes y preocupantes, y todas las agencias competentes del estado están y seguirán prestando asistencia a la Fiscalía General durante todo el proceso”, dijo Martinez en un comunicado. “Es importante que los ciudadanos de Nuevo México entiendan que nadie está por encima de la ley y que todos los ciudadanos son tratados por igual en nuestro sistema”.

 

Balderas y Duran llevan meses enfrentados por los informes de financiación de campañas electorales. En febrero, los dos anunciaron un grupo de trabajo conjunto para estudiar los reportes y el cumplimiento de las leyes financieras de las campañas. Sin embargo, apenas unos meses después, Duran acusó a Balderas de entregar tres informes sobre su campaña fuera de plazo en su etapa como auditor estatal.