Hasta hace pocos años, una de las más grandes angustias que vivíamos en este país era la aprobación del presupuesto de egresos. Era preocupante no tanto por su contenido sino por las formas en que se llevaba a cabo este proceso.
Ojalá nos hubiéramos preocupado de la manera en que se gastaban a principios de siglo los excedentes petroleros de aquellos tiempos de precios récord y producción histórica, pero no. La crisis era porque los priistas que dominaban la Cámara de Diputados presionaban al Ejecutivo panista y llevaban al límite las leyes.
El colmo llegó con el paquete económico de 2003, que se discutía en diciembre del año anterior. La falta de acuerdos provocó que las discusiones se llevaran hasta el 31 de diciembre de 2002.
Cuando era evidente que no podrían terminar a tiempo y estaban a punto de violar la Constitución, la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara, Beatriz Paredes, implementó algo que quedó para el anecdotario de los absurdos surrealistas de la política mexicana: el reloj legislativo.
Como si se tratara de un lugar en otra dimensión de tiempo y espacio los diputados congelaron el tiempo. Como todo el mundo obvió esa violación legal, simplemente se dejó pasar.
Esa mala experiencia dio paso a uno de los mejores cambios estructurales del sistema presupuestal en este país, una llamada Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que, entre otras cosas, marcaba los tiempos precisos de presentar, discutir y aprobar el paquete económico.
Otra virtud es que esa Ley obligaba al equilibrio fiscal, como una manera de evitar los excesos del pasado donde el abuso de gasto y deuda habían provocado crisis económicas constantes durante las décadas de los 70, 80 y 90.
En años recientes se ha laxado esa virtud de la ley y de ahí se desprenden los déficits que hoy se convierten, al menos, en focos amarillos de la economía mexicana. Sin embargo, se mantienen las fechas fatales.
Hasta este punto ya se han cumplido algunas citas como el envío de los conocidos como pre criterios económicos. La siguiente fecha importante es justamente hoy.
Este 8 de septiembre es la fecha límite que marca el artículo 42 inciso tres de esta ley para que el Ejecutivo Federal remita al Congreso de la Unión los criterios generales de política económica, incluida la estimación del precio del petróleo, la iniciativa de ley de ingresos, con todo y las propuestas que tenga que hacer al respecto, y el proyecto de Presupuesto de Egresos.
Los diputados tienen como límite hasta el 20 de octubre para aprobar la ley de ingresos, con todo y las modificaciones fiscales que pudiera haber. Y los senadores tienen como plazo máximo el 31 de octubre para dar su aval al paquete de ingresos.
Después los diputados se quedan solitos para analizar, discutir y aprobar la manera de gastar los recursos públicos. El plazo máximo para la aprobación del Presupuesto de Egresos es el 15 de noviembre.
Por lo tanto, el calendario está pensado para evitar que tengan que activar algo similar al reloj legislativo, aunque hay que decir que no han faltado los que han querido alargar ese 15 de noviembre al máximo