Para combatir la corrupción e investigar supuestos actos ilícitos de funcionarios del gobierno federal, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), tiene un presupuesto de 22.3 millones de pesos.

 

La SFP explicó, en la solicitud de información 02915, que el monto global para combatir la corrupción, a través de la Dirección General de Investigaciones, es de 22.3 millones de pesos.

 

Cabe destacar que esta dirección realizó las diligencias en el caso de la “Casa Blanca”, en el que estaba involucrado el presidente Enrique Peña Nieto (quien fue declarado inocente), además de 54 expedientes por supuestos actos de corrupción que siguen abiertos en dicha dirección. Al ser investigaciones en proceso, los nombres de las dependencias y funcionarios involucrados se mantienen reservados.

 

“El monto por concepto de erogación o gasto total que pudieron implicar las investigaciones (de la “Casa Blanca”), no es posible determinarlo en virtud de diversos factores, en tanto, que los recursos que dispone esta dirección General se encuentran disponibles para atender esas y todos aquellos asuntos que implican el ejercicio de sus atribuciones”, indica el documento en poder de este diario.

 

En consecuencia, para 2015 “la Dirección General de Denuncias e Investigaciones cuenta con un presupuesto autorizado de 22 millones 340 mil 535 pesos” para el combate a la corrupción y la atención de “54 expedientes de investigación, quejas y denuncias, además de dar trámite a mil 953 solicitudes de información, entre otras acciones”.

 

De acuerdo con la Función Pública, la Dirección de Investigaciones se encarga de la “captación de quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como de todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”.

 

Además, se encarga de resolver “presuntas irregularidades administrativas de servidores públicos federales, en las quejas y denuncias recibidas por la Secretaría para su integración y trámite correspondiente, así como disponer la investigación del cumplimiento de las obligaciones de éstos mediante operativos específicos de verificación”.

 

En febrero de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como titular de la Función Pública y le ordenó fortalecer la dependencia para convertirla en el eje medular de la lucha contra la corrupción y una de sus primeras tareas fue investigar si el propio mandatario, su esposa y el titular de Hacienda incurrieron en conflicto de interés por realizar operaciones inmobiliarias con actuales contratistas del gobierno federal.