En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace un año en Iguala, Guerrero, la sociedad quiere justicia y evitar la impunidad, “ni absoluciones, ni condenas a priori”, afirmó el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz.

 

“Nosotros queremos evitar la impunidad, que haya un castigo tan severo como el agravio que han sufrido los jóvenes desaparecidos (el 26 de septiembre de 2016) y sus familias; la sociedad de Guerrero y la sociedad mexicana, toda”, agregó.

 

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) agregó que “a quien con la ley en la mano se le compruebe (responsabilidad en ese caso), que ojalá sea pronto y con eficacia, responsabilidad penal, que se le castigue con toda la severidad”.

 

Sostuvo que el PRI se ha mantenido y se mantendrá atento del desarrollo de las investigaciones “de este infausto incidente”, así como para que sea eficaz el trabajo de la comisión especial que se integró en la Cámara de Diputados para ese caso.

 

“Su integración plural y la objetividad con la que trabaje deberá contribuir a obtener más elementos de convicción, para que la opinión pública se forme un juicio sólido, cierto, objetivo sobre estos acontecimientos”, subrayó.

 

Expresó que “hay autoridades competentes en esta materia, fundamentalmente la Procuraduría General de la República (PGR), eventualmente las autoridades del estado de Guerrero y las autoridades judiciales”.

 

Sobre la solicitud de juicio político que diputados del PRD presentaron contra Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, el líder parlamentario sostuvo que “están echando mano de un recurso político, revestido de jurídico”.

 

“En el afán de exorcizarse las responsabilidades, por lo menos de orden político de primera impresión, pretenden distraer la atención y pedir que los focos vayan en otra dirección”, añadió el legislador priista.

 

Precisó que “las responsabilidades no se distribuyen por partidos políticos, las responsabilidades, las de orden penal, son personales e intransferibles, en consecuencia, cualquier persona que tenga responsabilidad penal que sea castigada independientemente de su afiliación política”.