Para garantizar que nunca más se repitan hechos como los de Iguala, se requiere una acción de carácter nacional que exige voluntad y determinación de los tres poderes y órdenes de gobierno, señaló Roberto Campa Cifrián.

 

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sostuvo que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se trabaja con una visión a largo plazo, construyendo soluciones duraderas y que van al fondo de los problemas.

 

En ese sentido, dijo, se trabaja en coordinación con las organizaciones civiles, especialistas y autoridades estatales en la elaboración de un proyecto de Ley General de Desaparición Forzada.

 

Debe quedar claro que en este tipo de delitos, no hay y no habrá perdón para los culpables ni olvido para las víctimas, así lo refrendó el presidente Enrique Peña Nieto al anunciar la creación de una fiscalía especializada para personas desaparecidas, insistió el funcionario federal.

 

Al clausurar el Primer Encuentro para la Promoción y Fortalecimiento de los Programas Estatales de Derechos Humanos, señaló que por eso es tan importante impulsar los programas estatales de Derechos Humanos.

 

Dijo que su efectiva promoción y garantía se concreta en cada municipio y entidad, y “es ahí precisamente por medio de las autoridades locales donde tenemos que comenzar la respuesta del Estado, ante circunstancias que pueden derivar en violaciones de derechos humanos”, expuso.

 

Agregó que en las autoridades locales es donde debe comenzar la respuesta del Estado ante circunstancias que pudieran derivar en violaciones de los derechos.

 

Por ello, señaló, la importancia de impulsar los programas de derechos humanos en las entidades federativas y el Distrito Federal, con una visión de Estado.

 

Que para que sea efectiva la respuesta, ésta debe ser articulada, por lo que anunció: “con vocación federalista vamos por 32 programas de derechos humanos y una sola visión de Estado”.

 

Indicó que por medio de los programas, los gobiernos de los estados estarán en mejores condiciones de atender las problemáticas específicas de cada región, partiendo de diagnósticos, objetivos, metas, estrategias y líneas de acción que deben ser claras, medibles y evaluadas.

 

Además, subrayó, al contar con diagnósticos específicos, las 32 entidades estarán en mejores condiciones de focalizar la atención a los grupos más vulnerables, atender las necesidades más inmediatas y fomentar la rendición de cuentas.

 

Por todo ello, invitó a todas las entidades del país a elaborar sus programas estatales con un proceso amplio de consulta participativa, ya que “en derechos humanos nuestra mejor aliada es la sociedad, y así, trabajando del lado de la ciudadanía, los resultados se multiplican”, dijo.

 

Más adelante, comentó que cuatro entidades federativas del país tienen hoy un programa aprobado y vigente en materia de Derechos Humanos y son: el Distrito Federal, Oaxaca, Jalisco y Coahuila.

 

Que “en tres casos estamos listos prácticamente para en los próximos días proceder a la implementación de los programas y son Veracruz y Baja California, en tanto que el resto de los estados llevan algún nivel de avance y otros un poco menos.

 

Finalmente, Campa Cifrián resaltó que el compromiso es que “deberemos tener en todas las entidades federativas programas de Derechos Humanos, entre este año y el próximo”.