La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al gobierno de San Luis Potosí y a las autoridades del municipio de Soledad de Graciano Sánchez reparar el daño a los familiares de una víctima de desaparición forzada e instrumentar medidas efectivas para su localización.

 

“Concluidas sus investigaciones, la CNDH tiene elementos que evidencian la desaparición forzada de la víctima, con lo que se vulneraron sus derechos a la libertad, integridad y seguridad personales, legalidad, seguridad jurídica y trato digno, por actos atribuibles al juez calificador”, apunta en un comunicado.

 

El 24 de abril de 2013, un joven de 23 años fue detenido por policías municipales, quienes lo pusieron a disposición del juez calificador en la barandilla municipal de la Dirección General de Seguridad Pública.

 

Según declaró el juez, la víctima fue puesta en libertad en esa misma fecha y entregada a un primo del agraviado, quien pagó la multa, pero estas circunstancias no se acreditaron fehacientemente.

 

La CNDH confirmó además violaciones a derechos humanos en materia de procuración de justicia y atención a víctimas del delito, imputables a cuatro agentes del Ministerio Público de la fiscalía estatal, involucrados en la integración de la averiguación previa iniciada por la desaparición del ciudadano.

 

Asimismo, los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en el desempeño de sus funciones, incurrieron en irregularidades y vulneraron los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

 

Por ello, la CNDH pidió al gobierno estatal y a los integrantes del ayuntamiento que reparen los daños a los padres del desaparecido y demás familiares que conforme a derecho corresponda, con motivo de las irregularidades cometidas por el personal ministerial, los directores de la Secretaría de Seguridad Pública y el juez.

 

Al Ejecutivo local se le pide, además, que la procuraduría estatal continúe la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa, para instrumentar las medidas eficaces para la búsqueda y localización efectiva del agraviado.

 

La queja inicial se presentó el 30 de abril de 2013 ante la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en el centro-norte de México, y el 26 de abril de 2014 la CNDH ejerció su facultad de atracción e inició la investigación del caso.