CHARLOTTE. La potencial conversión en ley de la legislación HB 318 que prohíbe las ciudades santuario y la matrícula consular mexicana en Carolina del Norte (EU) ha desatado una tormenta política, además de protestas entre la comunidad hispana que pide al gobernador de este estado, Pat McCrory, que vete la legislación.
Las manifestaciones no han parado desde el 30 de septiembre, en Raleigh, capital del estado, cuando los latinos llenaron las dos graderías del principal auditorio del Capitolio estatal para expresar su rechazo a la ley, que también restringe otros documentos aceptados como identificación en Carolina del Norte, y amplía la aplicación del sistema E-Verify, de estatus migratorio laboral.
"Tras la aprobación de la HB 318 en la Legislatura, la gente ha salido los días laborales a la calle y se tienen planes para estar la próxima semana protestando frente a la mansión del gobernador", dijo a Efe Nayeli Pérez, del grupo Red Sureña de Derechos de Inmigrantes (SEIRN).
La oficina de McCrory ha respondido que en su escritorio hay 32 proyectos de ley para evaluar y que tiene plazo hasta el 30 de octubre para decidir si los firma y los convierte en ley.
No obstante, en un sitio de internet a favor del gobernador se promueve a través de las redes sociales una campaña para "acabar con las ciudades santuario".
La campaña de JoinPatMcCrory.com se inició tras los comentarios de la precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, que calificó la HB 318 como una norma "simplemente inaceptable".
La directora de Asuntos Hispanos de la campaña de Clinton, Lorella Praeli, dijo que "esta legislación antiinmigrante es una demostración de la influencia de Donald Trump en el Partido Republicano".
A su turno, el director ejecutivo de los republicanos en Carolina del Norte, Dallas Woodhouse, exigió que el procurador del estado, Roy Cooper, se pronunciara oficialmente sobre las ciudades santuario.
El grupo Tea Party de Carolina del Norte también pidió a Cooper, demócrata y potencial candidato para arrebatarle la gobernación a McCrory en las elecciones de 2016, que "como principal funcionario de aplicación de la ley del estado" apoye el fin de las ciudades santuario.
Los grupos que se oponen a los indocumentados presentan en sus sitios de internet al menos nueve "supuestas" localidades santuario en Carolina del Norte, pero en ninguna se prohíbe la colaboración para la entrega de inmigrantes criminales peligrosos entre las autoridades federales de inmigración y las agencias locales.
Incluso, en los condados de Mecklenbug y Wake, donde se ubican Charlotte y Raleigh correspondientemente, funciona el programa federal 287g, que permite una colaboración directa entre los alguaciles locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EU.
La HB 318 es explícita en ordenar que ningún condado de Carolina del Norte podrá poner en efecto medidas locales que restrinjan la aplicación de las leyes federales de inmigración, y veta que las agencias policiales locales no compartan información sobre los indocumentados con las autoridades federales.
Aunque el veto de McCrory a la HB 318 es improbable, la oposición a la legislación se ha constituido en un vehículo de cohesión para las organizaciones a favor de los inmigrantes en Raleigh.
"La gente se está organizando, y si no ganamos esta lucha vamos a estar preparados para la próxima batalla", apuntó a Efe Angeline Echeverria, directora ejecutiva de la organización El Pueblo.
En las manifestaciones diarias en la capital, que han congregado en promedio a medio centenar de personas, han participando agrupaciones de Raleigh, Durham, Charlotte, Fayetteville, Burlington y las montañas del Oeste del estado
"Esto es algo sin precedentes, ha habido caras nuevas", reveló Carmen Rodríguez, de la organización Sí a las licencias No a las restricciones, que ha estado convocando a las protestas a través de Facebook.
Se espera que los activistas continúen sus concentraciones la próxima semana.
