Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó que se han liberado cerca de 200 órdenes de aprehensión derivadas del proceso electoral pasado, las cuales están en proceso de cumplimentarse en varios estados del país.

 

Durante el conversatorio “Experiencias y reflexiones del proceso electoral 2014-2015. Primera implementación de la Reforma Político-Electoral”, el titular de la Fepade aseguró que el pasado proceso electoral fue complejo, pues se vivió una exigencia muy alta a las autoridades y un contexto de violencia “que no habíamos tenido”.

 

Informó que hasta el momento hay un total de cuatro mil 477 expedientes derivados del proceso electoral de este año y destacó que los delitos más denunciados son la duplicidad de identidades, domicilios irregulares, compra de votos, alteración, destrucción, uso y suministro ilegal de materiales y documentos electorales, así como el condicionamiento de programas sociales.

 

Por otra parte, las autoridades electorales presentes en el foro se pronunciaron a favor de realizar modificaciones a la reforma política, a efecto de perfeccionarla en temas relacionados a las candidaturas independientes, financiamiento a partidos políticos, pérdida de registro, rendición de cuentas y para agilizar los procedimientos en contra de quienes usen la violencia  política en elecciones.

 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que es necesario regular de mejor manera las candidaturas independientes, “ya que llegaron para quedarse”, pues demostraron en la última elección que son un camino viable para acceder al poder político.

 

Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, expresó que es fundamental crear una Ley general en materia de enjuiciamiento electoral, que permita la suspensión temporal de la vigencia del registro de los partidos políticos en el propio proceso electoral, o con posterioridad a este, cuando este utilice o ejerza recursos de procedencia ilícita.