El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH para investigar la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa presentó esta mañana ante el Congreso de Estados Unidos su informe sobre el caso.

 

Ello un día después de que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciaran que seguirán trabajando en el caso, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de México para abrir una segunda etapa de trabajo.

 

Las dos partes presentaron ayer un documento de diez compromisos en audiencia pública en la sede de la CIDH en Washington, como parte del 156 periodo de sesiones del organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

En donde también el subsecretario de Derechos Humanos de México, Roberto Campa, señaló que “la diligencia que tiene que ver con el Batallón 27 puede desarrollarse en los términos del acuerdo a través del Ministerio Público”, tras ser cuestionado con insistencia por los comisionados y  periodistas.

 

Los integrantes del GIEI no interpretaron esas palabras como un “no” sino como “la puerta abierta a seguir insistiendo”, según dijo Clara Paz y Paz, quien subrayó que el grupo no quiere que las preguntas a los militares las haga un tercero “porque quizás falta algo o quedan dudas”.

 

Por ello consideran que uno de los puntos clave que deberán seguir negociando los expertos con la autoridad mexicana es la exigencia de poder entrevistar personalmente a los militares del Batallón 27 con sede en Iguala.

 

“Tenemos la certeza de que estuvieron presentes en el lugar de los hechos y tenemos dudas, por eso consideramos indispensable hacer nosotros las entrevistas directas”, afirmó Claudia Paz y Paz, otra de las expertas del grupo.

 

Otro de los puntos principales del acuerdo fue el traspaso de la investigación de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Subprocuradoría de Derechos Humanos de México.

 

Este cambio del equipo de investigación fue una de las demandas que hicieron representantes de la sociedad civil, como el director del centro Prodh, Mario Patrón, quién denunció que “el expediente sigue estando en manos del equipo de investigación que según los expertos ha emitido pruebas y distorsionado la teoría del caso”.

 

El GIEI presentó su informe en septiembre pasado en México. En el cual denuncia irregularidades en la investigación y cuestiona la versión oficial del caso, según la cual los 43 estudiantes fueron arrestados por policías corruptos en Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en un basurero.

 

A lo que el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, presente en la audiencia destacó que lo recomendado por el GIEI se ha incorporado a la investigación y calificó de “fundamental” la participación del grupo “para tener un rumbo transparente y una asesoría experta” en el caso.