WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó hoy la ley presupuestaria aprobada en el Congreso la semana pasada y que evita la amenaza de la suspensión de pagos con el aumento del techo de la deuda hasta marzo de 2017.
Obama firmó el texto en el Despacho Oval antes de partir a Newark (Nueva Jersey), donde prevé anunciar nuevas medidas que buscan mejorar la reintegración de expresos mediante becas para estudios y oportunidades de formación profesional.
Sin esta ley, el Gobierno federal corría el riesgo de declararse en suspensión de pagos a partir de este martes.
“No hay un mejor regalo de Navidad para el pueblo estadunidense”, dijo Obama sobre la ley, al remarcar que ofrece “estabilidad” al país en un momento de “debilidad” económica en otras naciones de todo el mundo.
La ley, que otorga financiación al Gobierno para los próximos dos años, recibió el visto bueno del Senado en una votación en la madrugada del pasado viernes, después de la aprobación en la Cámara de Representantes dos días antes.
El nuevo presupuesto fue aprobado con el respaldo de los demócratas, actualmente minoría en ambas Cámaras, y el rechazo de gran parte de los republicanos, que controlan el Congreso.
Junto con el aumento del techo de la deuda, la ley también contempla un incremento del gasto interno y militar de 80.000 millones de dólares, a la vez que establece recortes a largo plazo en programas sociales como el sanitario Medicare para los ancianos, las prestaciones por discapacidad y la seguridad social.
Según indicó hoy Obama, con esta ley el país está “libre del ciclo de amenazas” de cierre del Gobierno y de que se repita una situación como la que se vivió en octubre de 2013, cuando la Administración estuvo paralizada parcialmente durante varias semanas por la falta de un acuerdo presupuestario.
El presidente felicitó a los líderes demócratas y republicanos en el Congreso por esta ley y anotó que es una “señal de cómo debería funcionar Washington”.
Asimismo, Obama volvió a pedir al Congreso que siga trabajando en la aprobación de leyes de gasto que “inviertan en las prioridades de Estados Unidos”, por encima de “disposiciones ideológicas que no tienen cabida en el proceso presupuestario”.