El senador Benjamín Robles Montoya presentó una iniciativa que pretende modificar la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

 

El propósito es dar una normatividad más apegada a la realidad a la práctica de la fracturación hidráulica, también llamada “fracking”, aunque consideró que lo ideal sería prohibirla.

 

Por ahora lo urgente es establecer legalmente el acceso a la información sobre los posibles daños que puede ocasionar esa técnica tanto al ser humano como al ambiente, declaró el legislador oaxaqueño.

 

Sostuvo que es importante contar con la información adecuada para conocer los efectos ambientales y contra la población del uso de la técnica de fractura hidráulica para la extracción de petróleo y gas shale.

 

El perredista explicó que la práctica del fracking implica verter 260 sustancias químicas que contaminan el agua, debido a fallos en la integridad del pozo y a la migración de las sustancias tóxicas a través del subsuelo.

 

Aseguró que el proceso de extracción es rentable sólo cuando el precio del barril es de 80 a 90 dólares, situación que no sucede ahora, cuando el precio está por debajo de los 40 dólares.

 

Robles Montoya indicó que las actuales condiciones llevan a las empresas a tratar de reducir los costos de mano de obra o países débiles en su regulación ambiental “lo que podría ocurrir en México con la llamada reforma energética”.

 

De acuerdo con diversas organizaciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking, hay 940 pozos de extracción en territorio nacional, de los cuales 349 están en Veracruz y otros 172 en la zona de Papantla, lugar donde ya se registra niveles altos de contaminación en el agua.

 

El perredista mencionó que en su propuesta solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informe sobre el volumen, la procedencia y el destino final del agua utilizada, el volumen de sustancias químicas que se usan, así como la empresa responsable de la explotación del pozo.

 

Agregó que no sólo se trata del agua y las afectaciones a los sectores ganadero y agrícola, sino que también de los habitantes de la zona directamente afectada y de los lugares de destino de los productos de la región.

 

De no tenerse un control, los productos producidos y contaminados en las zonas donde operan estas empresas, podrían ingerirse por personas en otras regiones del país, alertó el senador Benjamín Robles.

 

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Energía y Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.