El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero, presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por hacer pública información que forma parte de una averiguación previa.
Además, Escudero acusó a Nieto Castillo de tener conflicto de interés al ocupar el cargo de fiscal en la Fepade porque fue asesor del PRD durante año y medio.
“Estamos denunciando el comportamiento de no haber resguardado la presunción de inocencia, de haber violado más de 10 artículos y evidentemente ponemos esta conducta de conflicto de interés porque a la investigación que deberá de abrirse en una averiguación previa, pues existe un elemento contundente pues que es que el señor recibía más de 1 millón de pesos por parte del PRD”, declaró este lunes a las afueras de la sede de la PGR, en Paseo de la Reforma 211.
El 19 de febrero pasado, con 95 votos a favor y una abstención, el Pleno del Senado designó a Nieto Castillo titular de la Fepade de entre unos 20 aspirantes a ocupar el cargo.
Al cuestionar al senador del Verde por qué eligieron a Nieto Castillo si asegura que hay conflicto de interés contestó que los senadores eligieron al fiscal “de buena fe”, es decir que, según su dicho, en el Senado no investigan a las personas que ocupan cargos de primer nivel de alta responsabilidad.
“Bueno, porque los senadores, no sólo los del Verde, pues siempre actuamos de buena fe, revisamos los documentos que nos entregan los aspirantes, los ponentes, y estamos suponiendo de buena fe que la documentación es cierta, es correcta y que no están falseando u ocultando información.
“Derivado del currículum que nosotros revisamos, que se revisó en la propia Comisión de Justicia y en el Senado de la República, antes que se fuera esa votación al Pleno, pues el señor casualmente omitió decirnos que cobraba en el PRD, que cobró más de 1 millón de pesos e inclusive el PRD omitió decirnos a todos los senadores, que era empleado del PRD”, aseguró Escudero.
Nieto Castillo ha sido acusado por el PVEM porque hace unos días dio a conocer que la Fepade solicitó a un juez la orden de aprehensión de Arturo Escobar y Vega, ex subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación y ex líder nacional del PVEM, acusado de violación a la ley electoral.
Escobar y Vega presuntamente celebró un contrato con una empresa para la elaboración y distribución de 10 mil tarjetas Premia Platino a favor de su candidato durante la contienda electoral de junio pasado. Por ello la PGR solicitó las órdenes de aprehensión en su contra y de tres empresarios.
El PAN había presentado una denuncia por violaciones a la ley electoral en contra de Escobar y Vega por otorgar beneficios económicos a cambio del voto. El 26 de noviembre la ex diputada federal por el PRD, Julissa Mejía, acudió a la Fepade para recibir la información en seguimiento a la denuncia que puso el 9 de abril, también en contra del PVEM.
Se defiende el fiscal
En respuesta a las acusaciones de presunto conflicto de interés, Nieto Castillo publicó el 5 de diciembre una carta en la que menciona que desde 2013 ha colaborado en distintas áreas del Senado y como investigador de la UNAM.
Aseguró que él no milita en ningún partido político y que la investigación jurídica de corte constitucional y la procuración de justicia electoral tampoco tienen tintes partidistas porque se han consignado averiguaciones en contra de personas de los distintos partidos políticos.
Sobre la respuesta del PVEM a la investigación en contra de su ex vocero, fuentes de la PGR consultadas aseguran que sería más grave dejar de investigar o permitir la impunidad en la comisión de un delito.
Aunque el fiscal sea removido de su cargo la investigación ministerial continuará en contra de Escobar y Vega porque hay una denuncia como presunto responsable de un delito. El juez tiene 10 días para analizar la consignación de la Fepade y decidir si gira la orden de aprehensión en su contra, si hay los elementos de pruebas suficientes, o la niega si tiene inconsistencias o fallas.
La Fepade dio a conocer este lunes que el caso de Escobar y Vega no es el único. La PGR consignó en el mes de noviembre 112 averiguaciones previas en contra de 153 probables responsables por la presunta comisión de delitos electorales de 16 entidades, se notificaron 36 órdenes de aprehensión libradas y se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión por delitos electorales.