En Morelos, el 72.8% de la población tiene poca confianza en la Policía Preventiva Municipal, muy por encima de la media nacional que está en el 63.3%.
De acuerdo con datos de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, en Morelos tanto la policía municipal como la de Tránsito gozan de poca confiabilidad por parte de los ciudadanos.
Lo anterior contradice lo expuesto por el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, acerca de la preferencia de sus electores por la Policía Municipal por encima del Mando Único.
La misma encuesta revela que el 68% de los morelenses adultos están preocupados por la inseguridad y la corrupción, cifra también por encima de la media nacional.
La inseguridad y la percepción de corrupción son más elevadas en las entidades donde hay presencia del crimen organizado, como Guerrero y Morelos, donde la alta cantidad de secuestros, extorsiones, homicidios y robos con violencia ubican a dichas entidades entre las más violentas del País.
El corredor de la violencia
Guerrero, el Estado de México y Morelos se encuentran entre las entidades de riesgo para las personas que van a ocupar cargos de presidentes municipales, que están en funciones o que terminaron su administración, informó a 24 HORAS el ingeniero Isidro López Villarreal, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
Morelos, donde el 2 de enero de 2016 fue ejecutada Gisela Raquel Mota Ocampo a unas horas de tomar posesión como edil de Temixco, está entre las entidades con riesgo moderado.
De 2006 a la fecha fueron asesinados 71 alcaldes en México en hechos que fueron vinculados directamente con la administración municipal; 37 estaban en funciones cuando fueron víctimas de la delincuencia, 31 habían sido ex ediles y siete eran alcaldes electos que aún no tomaban posesión.
Las víctimas han sido de cualquier partido o coalición PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, UYC y PANAL, pero en algunas entidades con mayor incidencia para los funcionarios coincide la presencia de grupos armados.
La mayoría de las personas victimadas, 37, estaban en funciones. En el caso de 31 ya había terminado su administración y siete eran alcaldes electos.
El diagnóstico de la ANAC, detalló López Villarreal, identificó a los estados que representan algún riesgo para ejercer sus funciones, los cuales suman la mitad de las entidades del País, y las clasificó en cuatro zonas de acuerdo a la incidencia criminal.
