MADRID. Cristina de Borbón acaparó el foco de atención de la vista oral del juicio sobre la actividad del Instituto Noos, una fundación sin ánimo de lucro presidida por su marido, Iñaki Urdangarín, con la que él y sus socios supuestamente se apropiaron de 6.6 millones de dólares de las arcas públicas españolas y posteriormente lo drenaron a sus patrimonios a través de un entramado societario.

 

En la primera jornada del juicio que inició este lunes, el Tribunal desahogó las cuestiones previas, trámites, procedimientos y solicitudes de las partes, como la petición de que a la infanta le sea aplicada una jurisprudencia que le permita no volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

 

Además, en el arranque del juicio, el Tribunal rechazó que acudan a declarar como testigos el actual rey Felipe VI, su padre y rey emérito Juan Carlos de Borbón, como pedía el abogado de uno de los principales acusados, Diego Torres.

 

La presidenta del Tribunal, la magistrada Samantha Romero, anunció que tratará de atender primero la cuestión vinculada a la petición sobre la infanta, por lo que volvió a convocar a la siguiente sesión el 9 de febrero.

 

A los 18 enjuiciados se les acusa de malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal.

 

En este caso, el esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres son los principales acusados, al encabezar el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas y a través de las que se realizaron operaciones que dieron lugar a esos delitos.

 

En concreto se trata de actividades con los gobiernos de Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y otros, a través de los que se transferían fondos públicos.

 

La hermana de Felipe VI está acusada como “cooperadora necesaria” de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por esposo en los años 2007 y 2008.

 

En el juicio realizado en la Escuela Balear de Administración Pública en Palma de Mallorca (en el Mediterráneo español), situada dentro del polígono industrial Son Rossinyol, la defensa de la infanta, la fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron no enjuiciarla.

 

Por ello, el Tribunal admitió un informe de la Agencia Tributaria que presentó el fiscal Pedro Horrach, que la exonera de los delitos fiscales, y en su defensa alegó que “la única respuesta judicial posible” a la infanta es archivar la acusación en su contra.

 

Asimismo, el abogado defensor de la hermana del rey, Jesús María Silva, presentó otro informe que también fue admitido por el tribunal que rebaja en 50 mil euros la fianza de responsabilidad civil de más de medio millón de euros que ya había depositado en el juzgado.

 

La defensa de la infanta también pidió le sea aplicada la llamada “doctrina Botín”, una jurisprudencia de 2007 a favor del entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, acusado junto a otros directivos de la entidad de operaciones irregulares de crédito por una asociación de defensa de usuarios de la banca.

 

En ese caso, la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo avalaron que Botín no podía ser llevado a juicio si solo la llamada acusación popular sostiene los cargos, pero no así ni la Fiscalía ni la parte afectada (en ese caso Hacienda).

 

Para el caso de la infanta Cristina, ni la Fiscalía, ni Hacienda, ni la Abogacía del Estado la acusan de nada, y sólo la acusación popular del sindicato de extrema derecha Manos Limpias le sostiene los cargos, por lo que en ese sentido su defensa pide se beneficie de esa jurisprudencia.