La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que velará porque el caso del ex líder de Partido Revolucionario Institucional (PRI) Humberto Moreira, detenido hoy en España por lavado de dinero y otros delitos, “se apegue al debido proceso”.

 

La embajada mexicana en España también vigilará que se respeten “sus derechos humanos” y “le brindará asistencia consular en caso de que le sea solicitada, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano, sujeto a requerimientos judiciales en el exterior”, señaló en un comunicado.

 

La SRE indicó en la nota que las autoridades españolas notificaron este viernes a la embajada en Madrid sobre la detención de Moreira, quien fue gobernador del estado norteño de Coahuila (2005-2011), en el aeropuerto de Barajas.

 

El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de España ya ordenó el ingreso a prisión del político mexicano, investigado por los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, malversación de recursos, cohecho y organización criminal.

 

 

Gobierno mexicano, sin información sobre detención

 

Alrededor de las 14: horas de este viernes, el gobierno mexicano declaraba no tener información sobre la detención en Madrid de Humberto Moreira Valdéz, por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y otros delitos.

 

“No tenemos información al respecto”, declaró el portavoz del gobierno, Eduardo Sánchez, al ser interrogado por EFE sobre la detención del político realizada este viernes en el aeropuerto madrileño de Bajaras.

 

En conferencia de prensa para detallar la próxima gira del presidente Enrique Peña Nieto por la Península Arábiga, Sánchez indicó que en el momento en que se tenga la información se dará a conocer por los canales institucionales.

 

Según fuentes policiales españolas, Moreira fue detenido por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de este cuerpo en virtud de una orden de busca y captura dictada por la Fiscalía Anticorrupción española.

 

Las mismas fuentes precisaron que el político pasará a disposición del juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, un tribunal de instancia superior español.

 

Moreira fue presidente del PRI de marzo a diciembre de 2011, cargo que dejó tras verse involucrado en un escándalo por la supuesta contratación irregular de deuda pública durante su Gobierno en el estado de Coahuila.

 

En 2013, se conoció que residía en Sant Cugat del Vallés (noreste), localidad próxima a Barcelona, a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo el 3 de octubre de 2012, al parecer a manos de presuntos miembros del grupo criminal de Los Zetas.