El secretario de Comunicaciones y Transportes, el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal y el subsecretario de Infraestructura de la misma dependencia parecen estar empeñados en hacerle algunos “favorcitos” a un par de empresas constructoras –una extranjera y otra nacional– que enfrentan serios problemas financieros por “errores de cálculo” que cometieron a la hora de elaborar sendos proyectos.
Según el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, Guillermo Nevárez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le está pidiendo a la Secretaría de Hacienda que le asigne 4 mil 500 millones de pesos para ampliar hasta Huehuetoca, Estado de México, la línea del tren suburbano, el cual fue concesionado hace 10 años a la empresa española CAF, que pondría –es un decir– dos mil 200 millones. O sea, en total seis mil 700 millones de pesos para construir un tramo de 21 kilómetros más.
El 7 de mayo de 2008, cuando el presidente Felipe Calderón inauguró el tramo Buenavista-Cuautitlán, de 27 kilómetros, informó que la obra requirió de cinco mil millones de pesos que pusieron el gobierno federal y la empresa constructora. Hoy quieren mil 700 millones de pesos más para hacer un tramito menor. Bueno, es que los costos de construcción se han elevado, podría responder la SCT.
Antes de soltar el billete, la Secretaría de Hacienda debería pedirle cuentas a la SCT, al Fondo Nacional de Infraestructura y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) del manejo de la deuda que contrató el gobierno federal en 2005 –cuando se licitó el trenecito–; de las cantidades que realmente ha invertido CAF en el negocio y de las aportaciones del Fonadin en 2012 para restructurar la concesión, sugieren los especialistas, quienes sospechan que en este asunto hay “gato encerrado”.
Por cierto que lo del animalito encerrado no es nuevo, pues desde que se licitó el tramo Buenavista-Cuautitlán, varias empresas participantes se quejaron del proceso. Ahí les va una breve historia:
El 22 de agosto del 2005, el representante del consorcio integrado por las empresas Ingenieros Civiles Asociados, Alstom Transporte, Grupo Hermes, Inverse y Controladora de Operaciones de Infraestructura presentó un amplio documento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde demandaba que la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, mejor conocida como CAF, fuera descalificada del concurso porque su propuesta económica era incongruente e insolvente.
En aquel entonces, los quejosos argumentaron que la susodicha propuesta no cumplía con los requisitos de presentación de un numeral de las bases, ya que las proyecciones económicas-financieras consideradas para el periodo de operación eran totalmente incorrectas al no poder predecir los ingresos por servicios ferroviarios debido a que la tarifa a ser cobrada era incierta en múltiples trayectos. La propuesta económica del consorcio CAF parte de premisas falsas al no contemplar el impacto de la tercera tarifa y la consecuencia lógica necesaria de ello es que esa propuesta económica no pueda ser viable ni mucho menos congruente; y no era veraz porque omitía señalar la existencia de una tercera tarifa en múltiples recorridos, acusaban.
Ante esta situación, los quejosos demandaron descalificar la propuesta económica del consorcio CAF y solicitaron a la SCT –en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– conocer las ofertas técnica y económica presentadas por el consorcio CAF.
Lo único que les dieron a los quejosos en aquel entonces fue “atole con el dedo”. Hoy, la generosa SCT quiere salvar a CAF inyectándole más billete. Ya nada más falta que también le amplíen el plazo de la concesión.
La otra empresa a la que la dependencia también quiere hacerle un favorcito es a ICA, que se encuentra en desgracia. Pero esa transacción requiere otro comentario.
