BRASILIA. El Tribunal Superior Electoral de Brasil notificó oficialmente hoy a la presidenta Dilma Rousseff sobre una demanda que la acusa de irregularidades durante la campaña de 2014, que podrían costarle el cargo, confirmaron fuentes oficiales.
La acción fue iniciada el año pasado por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que denunció a Rousseff por diversas prácticas ilegales, como abusos con cadenas nacionales, manipulación de datos socio-económicos, uso indebido de predios públicos y propaganda electoral en períodos de veda.
El PSDB también presentó indicios que pudieran sugerir que parte del dinero desviado de las corruptelas en la estatal Petrobras fue usado para financiar la campaña de Rousseff, todo lo cual resumió en una acusación de “abuso acumulado con perpetración de fraude”.
El caso se refiere a la campaña para los comicios de 2014, en los que Rousseff fue reelegida en segunda vuelta con un 51,64 % de los votos y derrotó al senador Aécio Neves, candidato del PSDB, quien obtuvo un 48,36 %.
Una vez hecha la notificación oficial, Rousseff contará con un plazo de siete días para presentar su defensa, por lo que deberá hacerlo antes del próximo jueves.
El proceso abierto por el tribunal electoral también afecta al vicepresidente del país, Michel Temer, quien fue reelegido en la misma fórmula y, de ese modo, sería considerado copartícipe de las supuestas irregularidades cometidas en la campaña.
Este proceso corre en paralelo a los trámites iniciados por el Congreso para un posible juicio con miras a la destitución de la mandataria, por maniobras destinadas a maquillar los resultados fiscales del Gobierno durante los años 2014 y 2015.
La Cámara de Diputados inició ese trámite en diciembre, pero se vio obligada a suspenderlo por “errores de procedimiento” detectados por la Corte Suprema, que ordenó reiniciar todo el proceso.
Sin embargo, el proceso contra Rousseff está paralizado, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ha pedido algunas aclaraciones sobre la sentencia del Supremo que determinó el reinicio de los trámites.
Lula, bajo la lupa
El mismo día, la Policía brasileña confirmó que investiga si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó en un supuesto fraude cometido por empresarios del sector automotor que habrían sobornado a funcionarios para obtener ventajas tributarias.
Esta es la segunda averiguación iniciada por las autoridades en torno a Lula, quien también es investigado por los supuestos delitos de “ocultación de patrimonio” y “blanqueo de dinero” en el marco de unos alegados fraudes inmobiliarios descubiertos en medio de la investigación sobre las corruptelas en la estatal Petrobras.
Lula ya ha declarado sobre este caso ante la Policía, pero en calidad de testigo, y aseguró que desconocía el asunto.