La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), indaga la probable comisión de delitos federales en el caso Tierra Blanca; una línea de investigación que implica al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, informaron fuentes oficiales a 24 HORAS.
Bermúdez Zurita es el jefe directo de Marcos Conde Hernández, delegado de la Policía Estatal en la zona de Tierra Blanca, a quien se le acusa de su presunta participación en el delito de desaparición forzada de cinco jóvenes el pasado 11 de enero.
Sin embargo, el caso de los cinco jóvenes desaparecidos sigue a cargo de la Fiscalía General del Estado, por tratarse de un delito del fuero común luego de que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR declinó la competencia del caso a las autoridades locales.
La semana pasada los familiares de las víctimas fueron informados de esta decisión vía telefónica por el titular de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la PGR, Joaquín Torres Osornio, y ante la desconfianza de las familias en las autoridades locales Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se tuvo que reunir con los ellos para decirles que no los van a abandonar.
A su arribo a Tierra Blanca, Campa Cifrián fue abordado por varias personas quienes aseguraron que son decenas los casos de desaparecidos en la región.
Aquél día, elementos de la SSP de Veracruz los “levantaron” cuando regresaban de Boca del Río, a donde fueron para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, y aunque hay siete policías detenidos, a la fecha las víctimas no han sido. De acuerdo con las primeras declaraciones de los uniformados, los jóvenes fueron entregadas al crimen organizado.
“Nosotros creemos que todas las corporaciones de Tierra Blanca están inmiscuidas, y al parecer eran alrededor de 70 policías. Creemos que si el mando principal era el delegado regional, y ya está preso y confeso, quiere decir que el resto de los policías que estaban aquí, todos, tuvieron que estar involucrados de alguna u otra forma.
“Todos deberían estar investigados y que se le investigara al secretario de Seguridad Pública (Bermúdez Zurita) porque el delegado le reporta directamente al secretario y a él no lo han investigado.
“Tengo entendido que él es el que pone al delegado y no había pasado los exámenes de control y confianza; no puedo entender cómo un delegado regional no había pasado los exámenes de control y desde cuándo está así, no entendemos cómo alguien qué está al servicio del crimen organizado siga operando en un distrito”, cuestionó Bernardo Benítez, papá de una de las víctimas, en entrevista a 24 HORAS.
Veracruz es la entidad número uno a nivel nacional de policías no aprobados en los exámenes de control y confianza que siguen trabajando en la misma corporación.
Mario Arturo Orozco Sánchez, de 28 años de edad; su novia Susana, de 16 años de edad, estudiante de tercer semestre en el colegio de bachilleres plantel 18; Bernando Benítez Arroniz, de 25 años, licenciado en administración de empresas; su primo José Benítez de la O, de 24 años, ingeniero mecánico automotriz, y José Alfredo González Díaz, de 25 años, quien trabaja en un rancho y estudió hasta la secundaria, fueron desaparecidos por policías de la SSP cuando viajaban en un auto con placas de Distrito Federal, sobre la carretera federal de Tierra Blanca rumbo a Playa Vicente, de donde son originarios.
Fracasa en Veracruz protocolo para búsqueda de los desaparecidos
La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha fracasado en el cumplimiento de la Ley General de Víctimas y los protocolos de búsqueda de desaparecidos recomendados por el Comité Internacional de la Cruz Roja para proteger los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas en el caso Tierra Blanca.
Dichos protocolos son los que ha suscrito la Fiscalía, así como la Procuraduría General de la República, de acuerdo a los compromisos establecidos por México con organismos internacionales.
En junio de 2015 la PGR publicó el Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada a nivel federal.
En el caso Tierra los principios y políticas de actuación no han sido cumplidas en varias de sus partes por el Gobierno que encabeza el priista Javier Duarte de Ochoa.
El delito de desaparición forzada, es decir cuando el responsable es alguna autoridad, es una violación grave a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad, define la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra Desapariciones Forzadas.
La Convención establece que se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En ese sentido y de acuerdo con cifras oficiales, en México hay 27 mil 600 desaparecidos y en Veracruz 675, pero en ninguna de las dos instancias las autoridades reconocen cuántos casos son de desaparición forzada aunque frecuentemente se ha denunciado la complicidad del crimen organizado y agentes de los tres niveles de Gobierno en estos hechos.
Según las estadísticas en la mayoría de los casos denunciados en Veracruz no se cumplió en su totalidad con los protocolos de búsqueda ni la Ley General de Víctimas.
La Ley General de Víctimas retoma estándares internacionales para definir quiénes son las víctimas a las que el Estado debe dar asistencia eficaz en estos casos. Las directas son aquellas personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional. Las indirectas son los familiares o personas a cargo de las víctimas directas y las víctimas potenciales son las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, entre ellos los organismos sociales y periodistas.
El Gobierno de Veracruz tampoco ha protegido los derechos de las víctimas ni de las víctimas potenciales en cumplimiento con las medidas establecidas en la Ley.
Las víctimas directas no han sido localizadas, tampoco han sido detenidos todos los participantes del crimen y en el caso Tierra Blanca, al denunciar los hechos y ante la pasividad de las autoridades locales los padres realizaron su propia investigación, funcionarios les pidieron comprobar la participación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y recibieron amenazas para no continuar con la búsqueda.
La desaparición forzada es un delito continuo porque persiste en el tiempo y sigue causando dolor a las víctimas, así lo establecen Human Rigth Watch y Aministía Internacional. En Veracruz muchos casos no son denunciados por miedo o desconfianza a las autoridades.
Por ello, el Protocolo establece respeto al dolor de las víctimas, que tampoco se cumplió en el caso Tierra Blanca cuando las autoridades de la Fiscalía alertaron a los familiares del hallazgo de restos orgánicos en un tambo y cuando les informaron que en una barranca localizaron cuerpos.
Los restos en el tambo eran de animales y los de la barranca no correspondían a primera vista con las ropas ni demás objetos personales de los jóvenes; sin embargo, las autoridades provocaron horas de angustia y dolor innecesario a las familias al darles a conocer información no confirmada.
A casi un mes de la desaparición de los cinco jóvenes que fueron a celebrar un cumpleaños a Boca del Río, la Fiscalía no ha podido garantizar el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral pues el caso involucra a más autoridades que no han sido investigadas, de acuerdo con las denuncias de los familiares, aún no se sabe el móvil de los hechos y ni siquiera han recibido una indemnización
Los padres de cuatro de los cinco desaparecidos han absorbido todos los gastos desde que se mudaron de Playa Vicente a Tierra Blanca porque la Fiscalía les exige factura para comprobar gastos, pero viven afuera de la agencia del MP en espera de noticias de sus hijos y comen lo que la gente de la comunidad les regala o lo que les llevan sus otros parientes