El tema trae azorados –y acogotados– a importantes funcionarios de las áreas de seguridad. Y el punto principal es éste:
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En el caso de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blanca, Veracruz, no ronda ninguna de las acusaciones que rodean –y han enrarecido– el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es decir:
–No se ha politizado el tema.
–Los padres de los cinco jóvenes no traen agenda política.
–Ninguno de los muchachos tiene, ni por contexto siquiera, relación posible con grupos del narcotráfico o de guerrilla alguna.
Entonces, se preguntan, ¿por qué policías estatales –siguiendo un patrón similar al ocurrido en Iguala, Guerrero, con los 43 normalistas– detuvieron a un grupo de jóvenes para entregarlos a un grupo criminal?
Más aún, ¿por qué los están matando? ¿Cuál sería el interés de los grupos criminales de matar y desaparecer a muchachos inocentes?
No encuentran respuesta.
Y la hipótesis de una posible “confusión” con miembros de grupos rivales no cuadra en esta ocasión (por más que en algunas áreas de la procuración de justicia se empeñen en meterlos en ese saco).
Las investigaciones más serias empiezan a contemplar otra posibilidad (desechada con los de Ayotzinapa):
–Que grupos criminales estén ofreciendo recompensa (a los policías estatales y municipales) por cada “cabeza” entregada, sin importar si se trata de miembros de grupos rivales o no.
Esta conjetura –que va más allá de la responsabilidad de policías que hicieran tal trabajo– los lleva a una siguiente interrogante: ¿Cuál sería el interés de esos grupos criminales de recibir gente inocente para matarla y desaparecerla?
El análisis de esta situación –que asoma ya como un patrón–, comienza a dirigir su mirada hacia terrenos más allá de los narcotraficantes o de los grupos criminales conocidos.
¿Podrían ser medidas (perversas) de desestabilización?, aventuran. ¿De parte de quién?
Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este hecho –el de Tierra Blanca– reedita lo ocurrido hace casi año y medio con los desaparecidos de Ayotzinapa, abona de nuevo en la crisis de derechos humanos que padece el gobierno de Enrique Peña Nieto (el tema no se queda en lo estatal) y abre el abanico de hipótesis hacia terrenos más profundos de seguridad nacional.
Tal vez ahí se encuentra la respuesta de por qué están matando a gente inocente.
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Querían ocultar la muerte de los jóvenes.- Sin recibir información alguna de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, doña Rocío Arroniz –tía de uno de ellos, José Alfredo González Díaz– salía descorazonada de la Subprocuraduría Especializada de Delincuencia Organizada (SEIDO) el lunes por la tarde.
Lo único que le habían informado era que en la Procuraduría General de la República no estaban investigando nada.
Ni ella, ni ninguno de los familiares de los desaparecidos tenía idea en esos momentos que ya había noticias de dos de los cinco jóvenes y que éstos estaban muertos.
Y es que lo que ocurría en las entrañas del gobierno en esos momentos era un jaloneo sobre si debía darse a conocer o no la noticia de la muerte de los dos muchachos, porque había quienes consideraban que “no era el momento adecuado”.
La visita tan próxima del papa Francisco, era uno de sus argumentos.
Hubo que pelear fuerte para que se permitiera dar a conocer el doloroso hallazgo –restos de dos cuerpos– en un rancho en Tlalixcoyan, Veracruz (lugar, por cierto, donde ocurrió un enfrentamiento entre agentes de la Policía Judicial federal y miembros del Ejército mexicano hace 25 años, cuya investigación de los hechos le costó el cargo al entonces procurador Ignacio Morales Lechuga)
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GEMAS: Obsequio de Mercedes Doretti, directora del Equipo Argentino de Antropología Forense, tras descartar que los normalistas de Ayotzinapa hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula: "Es tiempo de seguir la búsqueda de los estudiantes en otros lados".