El próximo jueves vence el plazo para que el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ratifique la solicitud de amparo que interpuso para conocer las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) lleva en torno a la presunta responsabilidad del panista en los delitos de peculado y operación de recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, el ex mandatario ha solicitado desde diciembre de 2015 a la fecha al menos 12 amparos ante las indagatorias que lo vinculan con dichos ilícitos, y en la mayoría de los recursos interpuestos se le ha negado la suspensión definitiva.
En la lista de acuerdos del CJF se indica que ocho de esos amparos se han solicitado en este año, en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal contra la PGR, la titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Oficina de la procuradora, así como el Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la dependencia.
Fue precisamente en dicho juzgado donde se instó a Padrés Elías para que antes del próximo 11 de febrero se presente a ratificar su solicitud, y pueda tener acceso a las investigaciones que la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría realiza por el uso ilícito de 10 millones de pesos, la compra de diversos terrenos, así como la construcción de una presa con recursos supuestamente provenientes del erario.
El pasado 6 de diciembre de 2015, el procurador general de Sonora Rodolfo Montes de Oca Mena confirmó la apertura de un investigación en contra del ex gobernador por lavado de dinero, que de encontrarlo culpable podría enfrentar una pena de hasta 22 años de prisión. El anuncio se dio la víspera de una serie de cateos en las oficinas de las empresas agropecuarias de Padrés Elías, así como de su hermano Miguel, en Hermosillo.
El viernes 4 del mismo mes, fue detenido, Luis Arístides López Moreno, veterinario empleado de Padrés, cuando transportaba más de 35 millones de pesos en varias hieleras supuestamente para el ex gobernador, según declaró ante la PGJE.
Sobre el político blanquiazul también pesan las acusaciones de una de sus ex empleadas de confianza, Gisela Peraza quien laboró con la familia de Guillermo Padrés por más de nueve años, hasta que fue acusada de un supuesto robo el cual no cometió. Fue el 4 de noviembre del año pasado, cuando la ex empleada, quien pasó presa cuatro años, hizo pública la demanda que presentó ante la Procuraduría estatal en contra su ex jefe y sus colaboradores por los delitos de tortura, tráfico de influencias, privación ilegal de la libertad, lesiones, entre otros.
Sin embargo, no sólo a nivel estatal y federal se ha visto involucrado el ex funcionario debido a que desde el pasado 21 de mayo, el gobierno estadunidense a través del Departamento de Justicia confirmó a las autoridades mexicanas el inicio de una investigación en contra de él por el presunto lavado de 3.3 millones de dólares provenientes de sobornos del empresario Mario Aguirre.
Al respecto, el 5 de marzo de 2015, el diario estadunidense The Wall Street Journal reveló que tanto el entonces mandatario como su hermano eran investigados por presuntos contratos millonarios que se habrían otorgado a Aguirre, quien estaría ligado a compañías que ganaron licitaciones por un valor de alrededor de 20 millones de dólares al año.
Sobre las investigaciones que realiza la Procuarduría estatal, apenas este lunes se confirmó el auto de formal prisión en contra de Jorge Morales Borbón, ex secretario de Comunicación Social de Padrés detenido el 1 de febrero por el delito de extorsión contra al menos un empresario de comunicación por un monto de un millón de pesos. En caso de encontrársele culpable el ex vocero podría alcanzar una condena de hasta 30 años de prisión.
Según la pesquisas de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción de Sonora que encabeza Odracir Espinoza Valdez, a la fecha se acumulan alrededor de 200 expedientes relacionados con probables hechos ilícitos en la administración de Guillermo Padrés, en el curso de los cuales se ha tomado la declaración de unos 135.