Hoy, hace un mes, cinco jóvenes fueron detenidos y desaparecidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Desde entonces, la gente del pueblo de Playa Vicente, de donde son todas las víctimas, reza, llora y exige que sean localizados porque en la entidad ya hay una lista de 675 personas desaparecidas en la total impunidad.

 

Las familias desconfían de las autoridades locales porque aseguran que no investigan y fueron funcionarios estatales quienes cometieron el crimen.

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El lunes 11 de enero Mario Arturo , Susana, Bernando, su primo José y Alfredo fueron víctimas de un grupo de policías cómplices del crimen organizado que opera en la entidad.

 

El fin de semana fueron en un Jetta, con placas del Distrito Federal, a Boca del Río para celebrar el cumpleaños de Mario, y cuando iban sobre la carretera federal fueron “levantados” a plena luz del día.

 

Tras los hechos trágicos la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha re victimizado a las víctimas de este caso.

 

 

No cumplió la Ley General de Víctimas ni los protocolos de búsqueda de desaparecidos que la Fiscalía ha suscrito, al igual que la Procuraduría General de la República, de acuerdo a los compromisos establecidos por México con organismos internacionales de derechos humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

 

En el caso Tierra Blanca los principios y políticas de actuación no han sido cumplidos en varias de sus partes por el Gobierno que encabeza el priista Javier Duarte de Ochoa.

 

A los policías detenidos por el secuestro de los jóvenes se les acusa del delito de desaparición forzada, es una violación grave a los derechos  humanos y un delito de lesa humanidad.

 

Las autoridades veracruzanas no reconocen cuántos de los 675 casos son de desaparición forzada.

 

Según las estadísticas en la mayoría de los casos denunciados en Veracruz no se cumplió en su totalidad con los protocolos de búsqueda ni la Ley General de Víctimas que retoma estándares internacionales.

 

El Gobierno de Veracruz tampoco ha protegido los derechos de las víctimas en cumplimiento con las medidas establecidas en la Ley.

 

Las víctimas directas del caso Tierra Blanca no han sido localizadas, sólo hay evidencias de uno de ellos, tampoco han sido detenidos todos los delincuentes, no es el primer caso y al denunciar los hechos y ante la pasividad de las autoridades locales, los padres realizaron su propia investigación, además los funcionarios locales les pidieron comprobar la participación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y los padres recibieron amenazas para no continuar con la búsqueda.

 

La desaparición forzada es un delito continuo porque persiste en el tiempo y sigue causando dolor a las víctimas, así lo establecen Human Rigth Watch y Aministía Internacional.

 

En Veracruz, como en varias regiones del País, muchos casos no son denunciados por miedo o desconfianza a las autoridades.

 

El Protocolo establece respeto al dolor de las víctimas, que tampoco se cumplió en el caso Tierra Blanca cuando las autoridades de la Fiscalía alertaron  a los familiares del hallazgo de restos orgánicos en un tambo y cuando les informaron que en una barranca localizaron cuerpos. El primero era de animales y los de la barranca no correspondían; las autoridades provocaron horas de angustia y dolor innecesario a las familias al darles a conocer información no confirmada.