MONTERREY. El penal de Topo Chico, donde hoy murieron 52 personas en una riña, es uno de los centros penitenciarios más antiguos del estado de Nuevo León y tiene un largo historial de violencia marcado por el hacinamiento y los choques entre grupos de internos.

 

Antes del motín de hoy jueves, uno de los más graves de los últimos 30 años en el país, el penal estatal acumulaba ya numerosas riñas entre presos, en su mayoría con miembros del cártel de Los Zetas involucrados, ataques al recinto e incluso la muerte de varios guardias.

 

Esta madrugada se enfrentaron en prisión dos grupos rivales encabezados por Jorge Iván Hernández Cantú, alias El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, el Z-27, ambos cabecillas de Los Zetas.

 

En el choque se utilizaron “armas punzocortantes, bates y palos”, aunque no armas de fuego, dijo a Imagen Radio el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

 

A pesar de lo elevado del saldo de víctimas, 52 muertos y 12 heridos -de los cuales cinco están graves-, esta cruenta lucha por el control de una prisión no sorprende en Topo Chico.

 

Sin ir más lejos, el 27 de septiembre de 2015 una riña en el interior del penal acabó con la muerte por arma blanca de Mario Alberto Roldán Zúñiga, alias El Fresa, considerado el cabecilla local de Los Zetas, y 11 reos heridos.

 

Los sucesos más violentos se desencadenaron entre 2010 y 2012, cuando este penal estatal registró al menos medio centenar de atentados con armas de fuego y granadas, 12 presuntos vendedores de droga al por menos muertos y siete de sus guardias fueron asesinados por el crimen organizado.

 

En diciembre de 2010, un grupo de hombres armados secuestró a una cabecilla de una banda de secuestradores cuando era conducida de Topo Chico a un hospital para un chequeo médico. Fue hallada desnuda y colgando del cuello en un puente días después.

 

En enero de 2011 hallaron muerto en el penal al integrante de Los Zetas, Gabriel Ayala Romero, alias El Gaby, conocido en México como “el zar de la piratería”, con más de 20 heridas de arma blanca.

 

Apenas un mes más tarde, el jefe de Seguridad de la prisión, Francisco Martínez Ramírez, apareció asesinado y mutilado en el interior de una caja de plástico dentro de un automóvil, con un mensaje que se atribuyó al crimen organizado.

 

En marzo del mismo año hasta 22 reos fueron trasladados a otros penales federales bajo el resguardo de hasta 700 elementos de seguridad, en una operación similar a la que hoy se prevé llevar hasta a un centenar de presos a otras prisiones para evitar posibles incidentes.

 

Aunado a ello, esta cárcel ha registrado varios intentos de fuga, con la aparición de un túnel en 2012 y motines como el de 2008, que se alargó varios días y en el que unos 2,000 reos, según medios locales, arremetieron con 100 Zetas que pretendían hacerse con el control del recinto.

 

Construido en 1947, el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico es también víctima de la falta de recursos y el hacinamiento.

 

“Es un penal muy viejo, que tiene muchos años, no hay control. Todo se hace en patios”, reconoció hoy el gobernador de Nuevo León, quien atribuyó la tragedia a la “situación tan difícil en el que se encuentran los centros penitenciarios” en el estado.

 

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Topo Chico tiene capacidad para alojar a 3.635 internos -entre hombres y mujeres-, cuando la población existente el día de la visita era de 4.585.

 

En ese mismo informe el penal Topo Chico obtuvo una calificación promedio del 5,72 sobre 10, tras suspender en los principales capítulos.

 

En el apartado “aspectos que garantizan la integridad física y moral de interno” obtuvo un 4,74, mientras que en “condiciones de gobernabilidad” sacó un 4,44.

 

Además, en “aspectos que garantizan una estancia digna” tuvo un 5,34; en “reinserción social del interno” un 6,25 y en “grupos de internos con requerimientos específicos”, 7,85.

 

En este contexto, destaca que el Ejército fuera retirado de la labor de la vigilancia del penal por el Gobierno de Nuevo León en agosto pasado, tras el vencimiento de un convenio entre las partes, con lo que el control quedó solo en manos de las fuerzas de seguridad de ese estado.  DM