La discusión sobre el amparo en revisión que interpusieron dos mujeres salvadoreñas  para exigir que sean reconocidas como víctimas de desaparición, y que recibieron trato cruel de las autoridades mexicanas, incluida la Procuraduría General de la República, fue pospuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

La decisión fue tomada debido a que el ministro ponente, Jorge Pardo Rebolledo, no estuvo ayer en la Sala.

 

Las mujeres salvadoreñas son Bertila Parada, madre de Carlos Alberto Osorio Bertila; y Alma Yesenia Realegaño, hermana de Manuel Antonio. Los hombres son dos de los 193 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011.

 

De acuerdo con la información pública del caso, policías municipales coludidos con Los Zetas fueron responsables del delito de desaparición forzada con el agravante de que sus víctimas eran más vulnerables por ser migrantes.

 

Las fosas en San Fernando fueron descubiertas cuando el crimen organizado acribilló a 72 migrantes secuestrados, 58 hombres y 14 mujeres, por no pagar el rescate para ser liberados ni aceptar integrarse a la organización delictiva. Los hechos fueron denunciados por un sobreviviente ecuatoriano y otro salvadoreño.

 

Las mujeres que interpusieron el amparo acusan a la PGR de haber negado información del caso y negar sus derechos como víctima, la opción de tener representantes legales, ejercer la coadyuvancia, tener copias del expediente y nombrar peritos independientes para que pudieran verificar la identificación.

 

“Para mí fue como si mi hijo volviera a desaparecer, después de muerto”, declaró Bertila en un comunicado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

 

“El proyecto provoca preocupaciones serias ya que deja desprotegidos varios derechos de los peticionarios del amparo porque no toma en cuenta la vulnerabilidad adicional de las víctimas por ser migrantes, no busca dar a conocer la verdad sobre el intento de cremación de los cuerpos y la dificultad de una víctima migrante para probar actos donde la información la tiene exclusivamente el estado.

 

“Tampoco evidencia las fallas de los servicios periciales en el proceso de identificación y restitución de los cuerpos, no clasifica los hechos como graves violaciones a los derechos humanos y no establece parámetros para que casos similares puedan ser investigados bajo estándares internacionalmente reconocidos, como el protocolo de Minnesota y rechaza el interés legítimo de la Fundación para la Justicia para comparecer en el presente caso de manera independiente a la víctima”, destacaron en un comunicado conjunto la Fundación, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras.

 

Se trata de un caso similar a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por policías de Iguala y Cocula, Guerrero; y más recientemente a la desaparición forzada de 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, por policías estatales.