Elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Morales Messner, ex secretario de Gobierno y de Transportes del estado.

 

La delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que el ex funcionario fue acusado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso indebido de atribuciones.

 

En un comunicado, la PGR informó que existe la hipótesis de que el detenido indebidamente contrató servicio con recurso económico público.

 

Precisó que también fue aprehendido Enrique Espinoza, representante legal de la empresa Eureka de Chiapas S.A. de C.V., por haber colaborado para la perpetración del mencionado ilícito.

 

Las órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Federación de la PGR, y libradas por el Juzgado V de Distrito en Chiapas.

 

En diciembre de 2008 Jorge Antonio Morales Messner, en su calidad de secretario de Transportes del estado, realizó un pago parcial por más de tres millones de pesos para la elaboración del proyecto denominado “Estudio integral del Sistema de Transporte Público e infraestructura vial en Tuxtla Gutiérrez”, financiado con recursos federales.

 

Sin embargo, no cumplió con las disposiciones aplicables en licitaciones públicas ya que, de manera indebida, contrató los servicios de la empresa Eureka de Chiapas S.A. de C.V.

 

Esto sin verificar y revisar exhaustivamente si dicha empresa contaba con la experiencia, capacidad técnica, económica y estructura física necesaria que le permitiera cumplir con el contrato.

 

Con todo lo anterior contravino a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 

Los inculpados fueron puestos a disposición del juez federal y se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados 14 El Amate.

 

Cabe mencionar que el delito no es considerado como grave; la PGR cumplimentó la orden de aprehensión pero será el Juez Federal quien determine su situación jurídica.

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