Jorge Serrano Limón, presidente de Provida y activista en contra del aborto, fue enviado al Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, en cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra que fue girada por un juez.
Serrano Limón fue detenido el miércoles por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por su probable responsabilidad en el delito de peculado.
La orden fue otorgada por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en ese entonces del Distrito Federal, luego de que la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), presentó las evidencias suficientes en su contra.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y faltas graves por parte de dicha asociación civil en el ejercicio de recursos federales asignados para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer, informó la PGR en un comunicado de medios.
En total, la ASF detectó desvío de recursos públicos por un total de 25 millones 764 mil 539.71 pesos, por lo que se inició la averiguación previa correspondiente por el delito de peculado en contra de Serrano Limón, administrador y presidente del Comité Provida.
El inculpado quedó a disposición del Juez de la causa, quien tomará su declaración preparatoria y tiene 72 horas para definir su situación jurídica.
En abril de 2012 Serrano Limón recibió sentencia de un juez porque el Comité Nacional Provida recibió 2 millones 496 mil 157 pesos de recursos públicos para equipar Centros de Atención a la Mujer, pero el dinero fue desviado para otros fines.
Aquella vez le fue impuesta una multa de 14 mil 535 pesos y el pago de la reparación del daño.
Sanción
Podría alcanzar una pena de 2 a 14 años de prisión, multa de 300 a 500 veces el salario mínimo vigente al cometerse el delito e inhabilitación de 2 a 14 años para desempeñar otro cargo público.
Los antecedentes
En 2003 Jorge Serrano Limón logró un acuerdo, con un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, para la expansión de 10 supuestos Centros de Ayuda a la Mujer que fueron instalados en varias entidades de la nación.
En el acuerdo se estableció que el Gobierno federal aportaría un máximo de 30 millones de pesos, sin embargo, en septiembre de 2004 el Órgano Interno de Control de dicha Secretaría descubrió presuntas irregularidades en la evaluación del proyecto, autorización, comprobación, supervisión y desvío de recursos, así como la adquisición de material y equipo, cuya existencia no pudo comprobarse.
Esto significa que era probable responsable de daño al erario federal por 31 millones 15 mil 129 pesos.
Se evidenció que parte de los recursos habían sido utilizados para comprar tangas, sostenes, plumas MontBlanc, entre otros objetos de lujo y para operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores.
El inculpado había dicho en aquel entonces que todo se debió a errores contables y que las tangas y sostenes los compró para casos especiales de mujeres en situación de desgracia, a quienes Provida les otorgaba 2 mil pesos para despensa, ropa y cosméticos.
En 2005 la Función Pública le impuso una multa de 13 millones 200 mil pesos. Aunque promovió un litigio que duró 10 años, hace un año la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó el amparo y la Función Pública le ordenó devolver el dinero cuyo destino no pudo comprobar.