Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa iniciaron hoy una caravana hacia el norte de México para evitar que policías municipales vinculados con la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014 obtengan un amparo y salgan en libertad.
En una conferencia de prensa en la capital mexicana, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, indicó que la caravana atravesará los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.
El destino es la ciudad de Matamoros, fronteriza con Estados Unidos, donde los padres de los 43 buscarán reunirse con los jueces encargados de los procesos de policías de Iguala y Cocula, Guerrero, y presuntos miembros del cártel de Guerreros Unidos detenidos por este caso.
“Desde hace más de un año que fueron consignadas (ante los jueces) estas personas, (y) los padres de familia no han recibido información objetiva”, denunció Rosales.
Los padres exigen saber “cuáles fueron los fundamentos, motivos y razones” que llevaron a los jueces a negar el ejercicio de acción penal por el delito de desaparición forzada, indicó.
El letrado destacó que a los padres de los 43 “se les ha estado negando” el acceso a la justicia y que buscarán el diálogo con los jueces encargados de los procesos, pues creen “que es un derecho genuino que tienen las víctimas (…) poder tener información”.
Mario González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, reclamó a la fiscal mexicana, Arely Gómez, que “nada está bien” en torno a este caso.
“Tenemos que ir hasta Matamoros para que nos den copias de los expedientes” para así obtener información sobre el caso y los procesos judiciales, añadió.
El padre de José Ángel Navarrete, otro alumno desaparecido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala a manos de policías corruptos y miembros de Guerreros Unidos, indicó que la “caravana por la verdad y la justicia” llegará esta tarde al central estado de Querétaro.
Se prevé que mañana llegue a la ciudad de Matehuala, en el estado de San Luis Potosí, y el miércoles a Monterrey, capital de Nuevo León.
La caravana avanzará el jueves hasta Reynosa, en el fronterizo estado de Tamaulipas, y el viernes arribará a Matamoros, colindante con la ciudad estadounidense de Brownsville, donde intentarán entrevistarse “con estos jueces”, apuntó Emiliano Navarrete.
María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, expresó su desconfianza en las investigaciones de la fiscalía y dijo que quieren a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los forenses argentinos de “manera indefinida” en el caso hasta encontrar a sus hijos.
Los especialistas de la CIDH que investigan el caso desde marzo de 2015 advirtieron el domingo que filtraciones de testimonios, declaraciones falsas y fragmentaciones del expediente en el seno de la fiscalía obstaculizaban el avance de las investigaciones.
También alertaron de la aceptación parcial de un recurso de amparo de 22 policías acusados de participar en la tragedia.
Ante estas denuncias, la fiscalía mexicana negó que el expediente esté fragmentado y alegó que la unidad especial que investiga el caso conoce todas las averiguaciones previas.
En relación a los 22 policías, dijo que buscó la “formal prisión dictada por un juzgado del fuero común” e interpuso un recurso de revisión.
Sin embargo, explicó que dichos agentes también enfrentan procesos federales por los delitos de “delincuencia organizada y secuestro”, por lo que su libertad no sería inmediata de resolverse a su favor el amparo.
El 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero de Cocula, según una cuestionada versión oficial.
En esta fatídica noche también murieron seis personas y 25 resultaron heridas por el fuego abierto por policías de Iguala y Cocula.