LA PAZ. La boliviana Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, fue enviada a prisión acusada de supuesto enriquecimiento ilícito, en medio de una polémica por las dudas acerca de la existencia de un hijo de ambos.
Zapata es investigada por los supuestos delitos de "legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad".
En la audiencia, la Fiscalía alegó que se ha evidenciado una actividad económica sospechosa superior a los 10 mil dólares en cuentas bancarias de la mujer.
La decisión judicial se produjo en medio de una polémica sobre la existencia del hijo que el presidente Morales y Zapata tuvieron en 2007 y de quien inicialmente se dijo que había fallecido.
El caso estalló a principios de mes, cuando el periodista Carlos Valverde reveló que Zapata trabajaba en la empresa china CAMC Engineering (Camce) y denunció un supuesto tráfico de influencias en la adjudicación de millonarios contratos estatales a esa firma, la mayoría por invitación directa tras haberse descartado licitaciones.
Morales admitió la relación con Zapata y que tuvieron un hijo, pero aseguró que el menor falleció poco después de nacer. La polémica resurgió en las últimas horas después de que una tía de Zapata y su abogada afirmaran que el niño está vivo.
El mandatario no ha hecho declaraciones aún sobre esta versión.
En representación del gobierno se pronunció la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, quien emplazó a Zapata a que presente este lunes al niño ante un juzgado para demostrar que está vivo.
Según Valdivia, la "información oficial" que tiene el gobierno es que el presidente Morales sabía que el niño nació en 2007 pero que "le comunicaron que este hijo estaba enfermo" y que falleció.
Valdivia advirtió de que si se comprueba que el menor murió, el Ejecutivo demandará a Zapata "por difamación y por calumnia" porque se está afectando la imagen del primer mandatario.
Cuando estalló la polémica, las autoridades acusaron al gobierno de EU de estar detrás de las denuncias para mermar la credibilidad del mandatario ante el referendo celebrado el domingo pasado. En esa consulta, la mayoría de los bolivianos rechazó una reforma constitucional que iba a permitir al gobernante volver a postular en las elecciones de 2019 en busca de un cuarto mandato hasta 2025.