El Sistema de Justicia Penal Acusatorio debe ser el punto de inflexión, para combatir la impunidad, ineficiencia y corrupción que han socavado la credibilidad del sistema penal, afirmó Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte.
Durante la puesta en operación de la quinta etapa del nuevo sistema penal, dijo que ello se logrará con la colaboración de todas las instituciones involucradas y de la sociedad civil donde se sentarán las bases para transformar la justicia penal, con la alta expectativa de cumplir con el pueblo de México.
En la ceremonia de entrada en operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal, detalló que éste se hace una realidad y es aplicable en nueve entidades más: Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco.
Precisó que son ya 24 entidades del país las que cuentan con este sistema y que con ello se cubre a 85 millones de mexicanos, quienes tendrán la justicia a su alcance, pues se satisface las legítimas demandas de una sociedad que requiere de transparencia, honestidad, calidad en la aplicación del derecho penal y en la actuación de sus jueces.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que en cada una de las etapas trazadas se ha cumplido con el reloj constitucional de establecimiento de la reforma; y que “este lunes se hace sonar la antepenúltima campanada”.
Dijo que el Poder Judicial de la Federación es el primero en refrendar su compromiso de puntual observancia, a través de las dos vertientes de su competencia: por un lado, la justicia oral acusatoria para los delitos federales y, por el otro, el control constitucional de todo el sistema, incluida la justicia estatal, mediante el juicio de amparo.
Manifestó que en lo que se refiere a la administración de justicia para los delitos en materia federal, el Consejo de la Judicatura Federal ha hecho un ejercicio de planeación y ha tomado y ejecutado las decisiones estratégicas, no sólo para cumplir con un cronograma, sino para hacerlo de manera óptima.
Las Salas de Audiencias, destacó, están desde este lunes en funcionamiento en nueve entidades más del país, para atender los asuntos que son judicializables en el ámbito federal, dentro de los espacios que conforman los Centros de Justicia Penal Federal, y que en su mayoría para esta etapa son ya definitivos.
Sobre el personal se han designado hasta 205 juzgadores federales a través de concursos, los cuales serán asignados en grupos de tres a los Centros de Justicia en operación, bajo un esquema de división del trabajo consistente en que dos de ellos se abocarán a funciones jurisdiccionales y el tercero a la administración del Centro, con rotación anual.
Añadió que los jueces son los responsables de decidir sobre cuestiones trascendentales para la eficacia del sistema de justicia en general, y en particular para la vigencia plena de los derechos fundamentales de las personas involucradas en el proceso penal que demanda un especializado con conocimiento jurídico pero en especial una refinada sensibilidad humana.