A 170 días del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Sonora a través de Claudia Pavlovich, la gobernadora todavía tiene pendiente lo que fue su principal bandera de campaña: investigar la corrupción en la administración del panista Guillermo Padrés y enjuiciar a los culpables.
El 6 de abril de 2015, cuando iniciaba su campaña política, la actual gobernadora prometió a los sonorenses: “les garantizo que a los ladrones, los defraudadores y delincuentes de cuello blanco deberán enfrentar a la justicia, ese es mi compromiso”.
Tras el proceso electoral donde derrotó al panista Javier Gándara, al jurar al cargo de gobernadora (el 13 de septiembre), Pavlovich envió un mensaje velado a los ex funcionarios de la administración de Padrés: “si alguien piensa que podrá disfrutar lo que indebidamente se llevó, que lo piense dos veces”.
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Como una de sus primeras acciones, la gobernadora concretó la operación de la Fiscalía Anticorrupción, la cual, al corte de febrero, según el fiscal Odracir Espinoza, suma 128 averiguaciones previas por supuestos actos de corrupción en la administración de Guillermo Padrés.
Sin embargo, siendo que hay más de un centenar de denuncias por corrupción, de los altos mandos de la administración pasada sólo se ha procesado a Jorge Morales Borbón, ex secretario de Comunicación Social de la entidad, quien el 7 de febrero recibió auto de formal prisión por el delito de extorsión.
Al ex vocero de Padrés se le imputa exigir a los medios de comunicación un porcentaje de sus contratos con el gobierno por publicidad oficial a cambio de seguir otorgándolos. El monto de la extorsión alcanzaría un millón 200 mil pesos.
A su vez, la Fiscalía Anticorrupción descubrió una red de venta ilegal de plazas magisteriales en la Secretaría de Educación Pública de Sonora, la cual según las investigaciones era encabezada por un primo del ex gobernador panista Guillermo Padrés.
De acuerdo con las indagatorias, Agustín Antonio Padrés, Juan Pablo Gastelum Leyva y Gustavo Adolfo Vega Reyes, aún prófugos de la justicia, vendían plazas magisteriales en por lo menos 80 mil pesos.
A los ex funcionarios panistas se les acusa de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, fraude, asociación delictuosa y falsificación de documentos, por lo que de ser atrapados alcanzarían una pena superior a los 20 años de prisión.
Por la red de venta de plazas magisteriales se detuvo a los ex funcionarios de Educación en Sonora Ramón Alberto Valencia y Mario Valenzuela Guerrero, cuyo proceso continúa abierto.
Roberto Romero López, ex secretario de Gobierno, es otro de los altos funcionarios del gobierno de Padrés que se encuentran en calidad de prófugo. Al ex funcionario se le dictó orden de aprehensión por el delito de tráfico de influencias.
Las indagatorias señalan que Romero López utilizó los recursos y apoyos de la Secretaría de Agricultura para beneficios personales, por lo que podría alcanzar una pena de tres años de cárcel.