La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) recomendó la inhabiltación de por lo menos 40 funcionarios públicos por omisión y actuación durante el conflicto social de 2006-2007 en el que se violentaron los derechos humanos.
La CVO, encabezada por el sacerdote Alejandro Solalinde, difundió que entre los responsables del caso Oaxaca, está Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, actual titular de la Fiscalía General del Estado, quien durante la administración de Ulises Ruiz, fungió como director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia.
El organismo recomendó también al actual gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, que realice las gestiones para garantizar la suspensión de funcionarios que actualmente ocupan cargos públicos y que entre 2006 y 2007 tuvieron alguna responsabilidad en la violación de los derechos humanos.
El informe, que fue presentado por Solalinde, señala que el Estado violó de manera sistemática el principio de inocencia, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, desparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
A lo largo de la investigación, que consta de más de mil 100 hojas, se da cuenta de agresiones a 33 periodistas y se incluyen los nombres de 373 víctimas, sin incluir familiares y el testimonio de 263 personas recabados entre mayo de 2015 y febrero de este año.
Sólo dos ex funcionarios acudieron a declarar, de los 68 que se citaron: el ex presidente Vicente Fox y el ex secretario de Salud, Martín Vázquez Villanueva.
Sin embargo, se enlistan 154 funcionarios de los tres niveles de gobierno que las víctimas entrevistadas señalaron de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.
Diego Osorno, integrante del CVO, indicó que durante su investigación no se pudieron obtener las pruebas que demuestren la muerte de cuatro personas que la Sección 22 del SNTE reportó como fallecidas.
Sin embargo, el sindicato gestionó la reparación de daños a las víctimas del conflicto por un monto de 5 millones de pesos que cubriría a 16 deudos de las cuatro personas presuntamente muertas.
Otro fondo que se gestionó por la Coordinación de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca fue a partir de una demanda civil por lo que el gobierno estatal destinó 11 millones de pesos para 64 víctimas que, supuestamente, recibieron 170 mil pesos cada una.
Cifras
- 4 funcionarios declararon de 68 que fueron convocados
- 33 periodistas fueron agredidos durante el conflicto social de 2006 y 2007