Los grupos parlamentarios del PRD y del PRI-PVEM en el Senado de la República presentaron sus respectivas iniciativas de Combate a la Corrupción.

 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso la creación de cuatro leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

 

En la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se pretende ciudadanizar ese órgano; en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se contempla un esquema para distinguir las faltas administrativas graves en que puedan incurrir los servidores públicos; en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se busca ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y elevar a rango de Ley la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, además de que la ASF elabore un Sistema de Alertas que genere indicadores de solvencia, liquidez y riesgos, respecto a todo instrumento jurídico que se pueda convertir en un compromiso financiero para las finanzas públicas.

 

Mientras que en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se pretende dotar a este órgano de autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena, con el objetivo de sancionar a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que le ley determine como graves.

 

En tanto, la iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde, busca expedir tres leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

Así como reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

 

El Revolucionario Institucional propone crear un registro de servidores públicos que participan o intervienen en contrataciones públicas, el cual incluirá nombres y adscripción de quienes intervengan en dichos procesos.