La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los familiares de las víctimas masacradas en San Fernando, Tamaulipas, deben ser reconocidas como víctimas y que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reabrir los expedientes.
Con ello, se debe dar acceso al expediente, averiguación previa, así como sacar copias y peritajes sobre los hechos a la madre y hermana de dos salvadoreños, cuyos cadáveres fueron encontrados en 2011.
Con este fallo de la Primera Sala de la SCJN se sienta un precedente histórico y se obliga a las autoridades mexicanas a reconocer como víctimas directas a las familias de los masacrados en dos hechos separados el primero ocurrido en agosto de 2010, cuando se encontraron a 72 migrantes asesinados en una bodega, y en 2011, cuando se hallaron 193 cadáveres en fosas clandestinas.
Durante la sesión de este miércoles, los ministros votaron a favor del proyecto realizado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que concede el amparo y protección de la justicia federal a Bertila Parada, madre de Carlos Alberto Osorio, y a Alma Yesenia Realegeño Alvarado, hermana de Manuel Antonio, cuyos cuerpos fueron hallados entre 49 fosas en 2011.
Y avalaron también que las quejosas no tienen que realizarse exámenes de ADN para demostrar sus vínculos con su hijo y hermano.
Si embargo los ministros no admitieron que el asesinato de 120 migrantes en dicho municipio de Tamaulipas constituya un delito grave y de lesa humanidad.