NACIONES UNIDAS. La ONU anunció hoy que en 2015 recibió 69 denuncias de abusos sexuales contra “cascos azules” procedentes de 21 países distintos, un número sólo superado por las 75 que se registraron en 2011.

 

La cifra está recogida en un informe del secretario general, Ban Ki-moon, publicado hoy tras el escándalo desatado en los últimos meses por los repetidos casos de abusos a manos de fuerzas internacionales desplegadas en la República Centroafricana.

 

En conjunto, Naciones Unidas tuvo el pasado año 99 denuncias de abusos sexuales contra personal de la organización, de las que 30 corresponden a trabajadores de agencias y estructuras al margen de las misiones de paz, que acumulan el grueso de los casos.

 

Esa cifra total había ascendido a 80 en 2014, un aumento que según admite Ban demuestra que la ONU debe hacer más para combatir este problema.

 

Naciones Unidas ya había adelantado el pasado mes de enero esas 69 denuncias contra “cascos azules”, pero ahora identifica por primera vez el origen de todos los supuestos agresores.

 

El país con más denuncias es la República Democrática del Congo con siete, seguido de Marruecos y Suráfrica con cuatro y de Camerún, la República del Congo, Ruanda y Tanzania con tres.

 

Benin, Burkina Faso, Burundi, Canadá y Gabón acumulan dos casos cada uno, mientras que con uno aparecen Alemania, Ghana, Madagascar, Moldavia, Níger, Nigeria, Senegal, Eslovaquia y Togo.

 

La mayor parte de las denuncias, 35 de las 69, se acumulan contra dos operaciones de paz, las desplegadas en República Centroafricana (Minusca) y en la República Democrática del Congo (Monusco), mientras que el resto están repartidas entre otras ocho misiones.

 

Al menos 23 de las denuncias son por supuestos abusos a menores y 15 por sexo no consentido con mayores de edad, según el informe de la ONU, que ha recibido reclamaciones de paternidad en 15 casos.

 

En cuanto a la investigación de los supuestos delitos, la ONU señala en su informe que 24 casos de militares han sido asumidos por los Estados miembros afectados -tal y como es habitual según las normas de la organización-, mientras que en ocho Naciones Unidas se ocupó al no recibir respuesta del país en cuestión o haber decidido éste no investigar.

 

En el caso de policías o personal civil, la propia organización es la que se ocupa en la mayoría de ocasiones de la investigación.

 

A fecha 31 de enero, se había completado las investigaciones de 17 denuncias recibidas en 2015, con siete casos en los que se comprobaron los delitos.
Varias organizaciones de derechos humanos han criticado duramente en los últimos meses que en muchos de estos casos, sobre todo en los que quedan en manos de los países, los responsables se libran de penas o reciben castigos muy limitados.

 

En el informe, la ONU subraya que “no puede haber impunidad para el personas que cometa explotación y abuso sexual” y deja claro que la inmunidad con la que habitualmente cuentas los “cascos azules” en sus misiones “no puede servir de escudo”.

 

Así, ha tomado medidas para mejorar el sistema de recepción de denuncias y para reforzar las investigaciones, incluido un nuevo plazo máximo de seis meses para llevar a cabo cada investigación.