La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos manifestó en una carta su preocupación por la seguridad de Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas, quien resultó herido durante el ataque a la líder indígena en Honduras, Berta Cáceres, en donde murió.
“Esta situación puede poner en riesgo la vida e integridad de Gustavo Castro, por lo que hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que le aseguren todo el apoyo en lo que se refiere a su integridad y a su colaboración con autoridades hondureñas”, reza el comunicado, firmado por organizaciones de todo México.
Por su parte, Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero (M4), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Otros Mundos Chiapas también emitieron una carta exigiendo al gobierno mexicano proteja a Gustavo Castro.
“Solicitamos al gobierno de Honduras su pronta atención, intervención y seguimiento a este lamentable y gravísimo suceso en la vida del pueblo hondureño. Requerimos proporcione todas las medidas jurídicas y políticas posibles que garanticen protección inmediata a nuestro compañero Gustavo Castro para que, una vez que haya brindado su declaración ante el Estado Hondureño, pueda regresar sin contratiempos a México.
En estos momentos es fundamental garantizar la protección y la vida de nuestro compañero Gustavo Castro por el relevante papel que su vivencia adquirió en este lamentable asesinato.
Así mismo se garantice la seguridad de todos los miembros de la Coordinadora General del concejo cívico de organizaciones Populares e Indígenas (COPINH).”
Las organizaciones destacaron en su misiva que “tanto Berta como Gustavo son dos personas de reconocida lucha social y ambiental a nivel internacional, lo que muestra la coherencia de su vida dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, a quienes han acompañado en sus procesos de resistencias para que de forma organizada y pacífica, eviten que el proyecto neoliberal de los gobiernos regionales se apropien del territorio mesoamericano, a través de sus proyectos extractivos de muerte.”
La líder hondureña, de 43 años y madre de cuatro hijos, denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte y que algunos de sus familiares también sufrían esta situación.
En respuesta a su asesinato se han sucedido las expresiones de protesta por parte de ciudadanos y de organizaciones como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que subrayan los peligros que afrontan los defensores de derechos humanos y quienes realizan activismo social.
CIDH “repudia” asesinato
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó “su profundo repudio” ante el asesinato de Berta Cáceres.
La CIDH otorgó medidas cautelares a Cáceres en 2009 y “en repetidas ocasiones había denunciado de forma pública la situación de grave riesgo y hostigamiento en la que se encontraba”, apuntó el ente.
“La Comisión Interamericana expresa su consternación y preocupación por el hecho de que este asesinato haya tenido lugar, a pesar de las medidas cautelares otorgadas a su favor y después de la última reunión de trabajo, que tuvo lugar en la sede de la CIDH el 21 de octubre”, apuntó en un comunicado.
La Comisión detalló que en tal fecha la CIDH llamó la atención a la delegación del Estado “sobre la situación de riesgo de Berta Cáceres y sobre las falencias en la implementación de las medidas de protección a su favor”.
“Asimismo, la CIDH consultó sobre las razones por las cuales no se adelantaba una investigación efectiva destinada a remover los factores de riesgo que perpetuaron los continuos hechos de violencia y hostigamientos en su contra”, agregó la comisión.
Para hacer seguimiento a la situación de riesgo de Cáceres como beneficiaria de la medida cautelar, la CIDH envió una carta al Estado de Honduras el pasado 8 de diciembre solicitando información sobre las medidas de protección e investigación que se debían adoptar.
La Comisión aplaudió las declaraciones del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, condenando de forma contundente el asesinato de la defensora y anunciando los esfuerzos para investigar esos hechos.
“En efecto, tal como lo reconocen las autoridades, el Estado hondureño tiene la obligación de investigar este lamentable asesinato de manera seria, pronta y eficiente, e incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como defensora de derechos humanos”, aseguró CIDH.
Además de establecer la verdad de lo ocurrido, la comisión pide que esta investigación establezca responsabilidades, sancione a los autores materiales e intelectuales y no se goce de impunidad.
Cáceres fue asesinada este jueves en su casa en la occidental ciudad de La Esperanza, al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, apenas unos días después de que ella misma denunciara la muerte de otros cuatro líderes indígenas.
Cancillería garantiza apoyo a Castro
La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que la embajada de México en Honduras estableció contacto con el connacional desde la mañana del jueves día del crimen, así como con las autoridades locales para conocer su situación física y jurídica.
El connacional continúa atendiendo diligencias correspondientes a la investigación judicial, y se encuentra acompañado en todo momento por personal de protección de la embajada. (Con información de EFE)