El Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) es la apuesta del Gobierno federal para acabar con la corrupción y la impunidad que prevalecen en la justicia mexicana, pero el cambio no se verá a corto plazo, reconoció en Plática de Café Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR.
Hoy en día hay 24 entidades, que suman 85 millones de habitantes, en las que opera el SJPA para delitos federales; el mandato Constitucional establece que la fecha límite para todo el país es el 18 de julio. Este es el primer paso de una serie de cambios que aspiran a cambiar la mala imagen y a erradicar los vicios judiciales con eficacia y acceso a la justicia.
¿Cuándo empezaremos a ver los cambios con la aplicación del SJPA?
Tenemos que tener claro que es un tema donde se necesita fortalecer la pedagogía ciudadana y cuando hablo de este concepto me refiero a la capacidad del Estado mexicano para continuar y dar a conocer la ventajas, las bondades, los beneficios y también tener muy en claro las expectativas que hay en una dinámica en la que se están implementando las bases y digo bases porque es un tema generacional.
¿En qué cambia el Ministerio Pública con el SJPA?
Primero a partir del hecho de la filosofía del sistema, en el sistema tradicional al acudir al Ministerio Público tienes otra dinámica que vas a denunciar un delito, a plantear un delito, en términos del Sistema Acusatorio es resolver un conflicto y creo que resolver un conflicto dentro de la dinámica que parte, no sólo del MP, también estoy hablando del juez y de todo el sistema en su complejidad, casi es lo que hoy concebimos como una sentencia condenatoria mientras que en el Sistema Acusatorio la base y el fundamento es cómo soluciono este conflicto y cómo es que lo voy a hacer a través de todas las formas que tiene el Código Nacional como son las salidas alternas, a que se le oferte al ciudadano el acceso a la justicia a través de estas formas de criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios y, si es el caso, también un juicio abreviado.
¿Qué tan importante es para un ciudadano común el trabajo del policía para que se resuelva su situación?
Hoy el reto de la Policía y lo que va a fortalecer es la investigación porque esta se fortalece a través de las áreas periciales, la ciencia y esa dirección que lleva el Ministerio Público, por lo tanto, el trabajo que lleve a cabo la Policía es fundamental. En términos de detención cuando ya tenemos la flagrancia tenemos que seguir y obedecer las reglas como la cadena de custodia, las evidencias, la preservación del lugar de los hechos, y cuando no tenemos a un imputado conocido lo que tenemos enfrente es cómo desarrollar con evidencias, con pruebas y llegar a la resolución de estos planteamientos que pueden, a través de las órdenes de aprehensión, generar condiciones para que se hagan investigaciones científicas y más apegadas al derecho.
¿El nuevo sistema ayudaría a realizar investigaciones más rigurosas?
Sin duda, se está esperando que sea a corto, mediano y largo plazo, por eso quiero plantear cómo vamos a ir matizando esas expectativas. No ha habido un país que en el proceso no haya generado una curva de aprendizaje. Este es un sistema demasiado preciso de cómo se va a coordinar, de tal suerte que lo que haga un policía en una primera actividad es lo que va a repercutir en un momento determinado en una audiencia o juicio, por lo tanto, desde el inicio se deben cuidar las reglas y hablando de protocolos y procedimientos para tener claro cómo trabajar de la mano los fiscales con los peritos y los policías.
¿Es posible cambiar la percepción de desconfianza hacia las policías y no haya siembra de evidencia como ha sucedido?
Primero, a partir del hecho de que es un tema generacional, que le apuesta el sistema en sí mismo al fortalecimiento institucional, a fortalecer las capacidades institucionales, a generar condiciones para mayores incentivos, por lo tanto, la aspiración del sistema no sólo consiste en un nuevo procedimiento sino va de la mano un trabajo conjunto de todas las instituciones a lo que llamaríamos la profesionalización, por lo tanto, no basta un sistema, basta toda una política pública, basta una voluntad y que genere condiciones para ir de la mano en hacer un monitoreo muy cuidadoso de cómo va trabajando este sistema para los próximos años, por lo tanto, creo que el 18 de junio de 2016 yo lo veo como el inicio de un momento claro para ir evaluando el sistema, es decir, terminar esta fase de la implementación, pero ahora viene la etapa de la operación y la operación consiste en que los operadores tenemos que estar más atentos, precisamente para ir de la mano, generar condiciones para que al haber transparencia y publicidad en cada una de las actuaciones tendremos que tener un doble trabajo para ir cuidando el sistema y que dé certidumbre a los ciudadanos.
Con esto ¿hay garantía de que ya no hay personas inocentes a las que se les acusaba injustamente?
Bueno, la presunción de inocencia es un elemento fundamental porque precisamente en una audiencia de control se va a determinar, primero, la detención, si fue legal o ilegal hablando de flagrancias, y en todo caso al haber enfrente un tribunal de garantías o en su momento un juez o jueces orales, va a haber un principio que es importante que la ciudadanía conozca que es el principio de contradicción y significa que en capacidades de igualdad un defensor público técnico y un fiscal que acusa van a tener que tener habilidades y evidencias para demostrar, sobre todo el fiscal, que esa persona, en todo caso, generar condiciones de si es inocente o es culpable.