Javier Pérez Durón, titular de la Fiscalía de Morelos afirmó que, hasta el momento, no se cuenta con ningún dato que involucre a Sentíes Palacio o la matrícula PYU 57-55 del vehículo Ferrari, presuntamente de su propiedad, con alguna otra investigación radicada en la entidad.
En entrevista con 24 HORAS, Javier Pérez Durón, titular de la Fiscalía de Morelos detalló que en el oficio de colaboración que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCMDX) les hizo llegar el lunes se pide el desahogo de diversas diligencias, entre las cuales se exhorta a la localización de los domicilios que pudieran estar a nombre del dueño del Ferrari rojo ligado a la agresión.
“Estamos recabando información pero como parte del sigilo que implica la carpeta de investigación no podemos decir exactamente cuántas y cuáles direcciones estamos considerando pero sí son algunas”, indicó.
Ayer, este diario público que de acuerdo con fuentes de la Procuraduría capitalina se tenía la evidencia de que al menos tres direcciones, dos en Morelos, y una en la ciudad estarían ligadas con el presunto jefe del escolta agresor de Jair.
Podría quedar absuelto
Alberto Santíes Palacio, quien presuntamente ordenó a sus guardaespaldas agredir al en Viaducto Tlalpan, podría quedar absuelto de los delitos que se le imputan, debido a que, en el caso del robo agravado, los agresores no fueron detenidos en flagrancia y, en cuanto a las lesiones, si éstas tardan en sanar 15 días o menos no constituyen un delito penal sino cívico que se puede resolver con una indemnización económica.
Víctor Carrillo Estrada, director de Soluciones Jurídicas, detalló que aunque la denuncia sí procede, al no ser detenidos en el momento del robo, uno de los delitos por el que se les busca, se complica comprobar que efectivamente los objetos fueron hurtados.
Señaló que en la mayor parte de los casos, los guardias de seguridad conocen la ley y saben hasta donde pueden llegar para que las lesiones no tarden más de 15 días en sanar. De esta manera, el asunto pierde gravedad y puede resolverse en un juzgado cívico, cuya máxima sanción es un arresto de 36 horas.