El Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs), en las que se fortalece la participación privada en este tipo de contratos, sin dejar de lado la rectoría del Estado.

 

La reforma que contó con 61 votos a favor y 19 en contra, señala el tipo de autorización que deberán tener los tres esquemas de APPs, aquellos que se financian con recursos presupuestarios; los que se financian con recursos federales no presupuestarios; y los financiados por recursos privados, es decir autofinanciables.

 

Para los contratos que utilizan recursos presupuestarios, se requiere: un dictamen de viabilidad de la entidad o dependencia encargada; segundo, obtener el registro en la cartera de inversiones de Hacienda; tercero, la autorización por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

 

Para las APPs que  requieren recursos federales no presupuestarios, se establecen dos requisitos: el dictamen de viabilidad y el registro en la cartera de inversiones de Hacienda.

 

Y para aquellas que son autofinanciables, sólo se requiere un requisito, el dictamen de viabilidad por parte de la entidad o dependencia encargada.

 

El senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, consideró que con las modificaciones aprobadas, las denominadas APPs estarán más supervisadas y más fiscalizadas que las convencionales, “porque una a una tendrán que ser revisadas y en su caso aprobadas por la Comisión de Gasto y Financiamiento, por el escrutinio del Ejecutivo federal, por el escrutinio de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Presupuesto, y ahora a través de los instrumentos de transparencia todos los ciudadanos conoceremos con un reporte detallado que la Secretaría de Hacienda de manera trimestral, informará al Congreso y nos dará a conocer a todos los mexicanos”.

 

Por el contrario el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríquez, denunció que las reformas conculcan la capacidad de fiscalización, tanto de la Cámara de Diputados, como de la Auditoría Superior de la Federación, “dejando en manos de la Secretaría de Hacienda un gran paquete discrecional y de opacidad en el tema”.

 

La vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna Luna, consideró que la iniciativa no hace nada para asegurar que no habrá corrupción o conflicto de interés en el otorgamiento de contratos, además de no contener nada que permita asegurar un beneficio medible y significativo para la sociedad y el Estado.

 

“Se pretende acumular el gasto programado de los proyectos de manera anual y no da un tratamiento individual a cada proyecto, dificultando su fiscalización, lo cual favorece la opacidad y a la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos”, señaló Padierna Luna.

 

En tanto, para el senador del PRI, Manuel Cavazos, estas modificaciones “permiten aumentar la inversión, permiten aumentar el empleo, permiten aumentar el crecimiento, permiten aumentar el ingreso disponible de las familias, permite proporcionar más y mejores servicios públicos, y permiten por tanto mayor bienestar”.