Human Right Watch (HRW) y el Instituto Nacional de Migración (INM) se enfrentaron luego de que la ONG internacional denunciara que nuestro país ignora su responsabilidad de proteger a los menores de edad que migran desde Centroamérica por la violencia.

 

En su informe “Puertas Cerradas: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central”, HRW asegura que pese a que nuestro país cuenta con una legislación donde se ofrece defensa a quienes dejan su país porque su vida corre peligro, en los hechos no es así.

 

De acuerdo con el documento de HRW, “sobre el papel, la ley mexicana parece proporcionar todas las medidas de protección a los niños que han huido de sus países de origen porque temen por sus vidas, pero en realidad sólo unos cuantos reciben asilo”, dijo Michael Bochenek, asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de HRW.

 

Ante lo dicho por HRW, el INM negó que se violen los derechos de los niños, pues siempre se prioriza el derecho superior de los infantes migrantes consagrada en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

De igual manera, el Instituto explicó que los niños sin acompañantes mayores de edad se les ofrece refugio mientras se manda la notificación a sus países de origen para su repatriación.

 

Cifras migratorias

 

En el documento, la ONG internacional señala que según números oficiales del propio gobierno, se detuvieron a más de 35 mil niños en 2015, casi 55% más que en 2014 y 270% más que en 2013, tendencia que se debe al apoyo financiero de Estados Unidos.

 

Otro punto que critica el informe es que, de estos menores de edad, la mayoría dejaron su país por situaciones de violencia conocidas internacionalmente y, a pesar de ello, menos de 1% recibió asilo.

 

Sobre la acusación de que reciben financiamiento de Estados Unidos, la autoridad migratoria lo negó, asegurando que desde 2013 no se reciben recursos de ningún organismo extranjero y desde entonces todo el dinero para operar sus programas viene del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por el Legislativo federal.