ESTRASBURGO. El registro de pasajeros (PNR en sus siglas en inglés), presentado por sus defensores en particular como un instrumento de lucha antiterrorista, fue respaldado por una amplia mayoría de 461 diputados (179 se pronunciaron en contra y 9 se abstuvieron) al término de un largo proceso de cinco años no exento de polémica.

 

El gobierno francés presionó con el argumento de que los atentados perpetrados en su territorio en 2015 se planificaron o se prepararon en el extranjero, y en nombre de la acción contra las redes yihadistas que se sirven de la libre circulación en el interior de Europa y de la falta de comunicación entre servicios secretos para borrar trazas.

 

El PNR europeo compilará, de forma armonizada en cada uno de los 27 países del dispositivo europeo (Dinamarca está excluida) mediante una Unidad de Información sobre los Pasajeros (UIP), una serie de informaciones que tienen las compañías aéreas desde el momento en que se hace una reserva, como el nombre, las fechas de viaje, el itinerario o la modalidad de pago.

 

Las informaciones se intercambiarán, bien a petición específica de un país que esté siguiendo el rastro de un sospechoso que pueda volar desde o hasta otro Estado de la UE, bien a iniciativa de la UIP si estima que hay informaciones que podrían ser interesantes para las fuerzas del orden de tal o cuál lugar.

 

En cualquier paso, los ficheros sólo podrán utilizarse para una lista restringida de delitos graves, como el terrorismo, y no habrá una circulación sistemática entre los 27 países implicados, como lo habrían querido los liberales -sometieron, infructuosamente, una enmienda para conseguirlo-, una posibilidad más invasiva para la privacidad y que, según algunos expertos, podía restarle eficacia.

 

El pleno también dio el visto bueno a la Regulación General sobre Protección de Datos (GDPR en sus siglas en inglés), un paquete de medidas que incluye un control más severo sobre las empresas y la posibilidad de obligar a que un menor de edad necesite el permiso directo por escrito de sus padres o tutores legales para acceder a ciertas páginas web o darse de alta en redes sociales.