El gobierno federal, los poderes Judicial y Legislativos, el Instituto Nacional de Transparencia y organizaciones civiles iniciaron los trabajos para diseñar y ejecutar el Tercer Plan de Acción 2016-2018 de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Ese programa consta de seis grandes objetivos: Derechos humanos y fortalecimiento del Estado de derecho; Igualdad de género; Sistema Nacional Anticorrupción; Gobernanza de recursos naturales y cambio climático; Pobreza y desigualdad, así como Servicios públicos.
La Agenda de Gobierno Abierto es un instrumento de política exterior que tiene como propósito combatir a la corrupción e impulsar la libertad de expresión, explicó el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez.
Este proyecto, abundó, forma parte de los compromisos de la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sustentable, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El funcionario federal comentó que a este acuerdo se sumarán ahora los poderes Legislativo y Judicial, así como los gobiernos estatales y municipales para recuperar la confianza de los ciudadanos, impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.
La agenda es un esfuerzo del Estado en la cual participan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como organizaciones de la sociedad civil.
Al respecto la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, confió en que el diálogo y la participación ciudadana en la vida política del país contribuirán a combatir la corrupción.
Ésta “es una de las grandes metas que tenemos por delante. En el INAI estamos convencidos de que la apertura al diálogo y a la participación ciudadana en la vida política del país contribuirá enormemente en esta lucha”, subrayó.
Durante la inauguración este viernes de los trabajos“ Hacia el Plan de Acción 2016-2018 de la Alianza para el Gobierno Abierto”, reconoció en los actores y poderes del Estado Mexicano su capacidad de diálogo, coordinación, voluntad y compromiso de alto nivel.
Con esa coordinación se logrará avanzar en la consolidación de la democracia, haciendo uso de las prácticas de gobierno para atender de mejor forma los problemas que aquejan a la sociedad, expuso.
“La importancia de sentar las bases para establecer un Gobierno Abierto es inconmensurable. Tenemos un deber hacia la sociedad; hacia todas las personas a quienes representamos y cuyos derechos defendemos. El Gobierno Abierto nos acerca a la gente y se centra en los principios fundamentales de la democracia”, estableció.
Puente de la Mora añadió que el paso lógico que deben seguir los gobiernos de todo el mundo es abrir espacios en los cuales se escuchen todas las voces, con el fin de alcanzar metas en común que fomenten el desarrollo responsable de las sociedades.
“Sigamos abriendo brecha y continuemos ejerciendo el liderazgo que nos ha distinguido como nación en la promoción del Gobierno Abierto, como una potente herramienta en favor de la defensa y garantía de derechos fundamentales y la búsqueda de soluciones inteligentes a los retos y desafíos de nuestras democracias”, agregó.
En su oportunidad el magistrado José Guadalupe Tafoya, miembro del Consejo de la Judicatura Federal, manifestó que todos los juzgadores deben estar comprometidos en reivindicar la confianza plena de la nación hacia sus fallos y demás actuaciones.
Estableció que “se acabó la paciencia para tolerar el ocultamiento y los acuerdos secretos. El Poder Judicial no está en la opacidad trabaja a la vista de todos los mexicanos”.
Tafoya Hernández también señaló que la aplicación del nuevo sistema oral penal es la nueva forma de hacer justicia ante los ojos del mundo.
En su oportunidad el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Luis Humberto Fernández, consideró que con el debate del Sistema Nacional Anticorrupción y sobre transparencia se están rompiendo paradigmas y ahora se escucha a la sociedad civil.
Sin embargo, reconoció que hay resistencias al cambio y no se ha podido lograr armonizar las leyes de transparencia.