El Gobierno mexicano decidió terminar con el espectáculo que desde hace más de un año montó el Grupo Interdisciplinario de inexpertos, perdón, de Expertos Independientes (GIEI), que participó en las investigaciones de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, al informar que el mandato concluirá el próximo 30 de abril.
En las últimas semanas, integrantes de dicho grupito apoyados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos nacionales e internacionales que velan por la causa presionaron al gobierno mexicano para que prorrogara el mandato creado a la luz del Acuerdo de Asistencia Técnica para el caso Ayotzinapa, en el marco de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en octubre de 2014. Aquéllos pedían la prórroga porque consideraban que no había terminado su chamba; no habían encontrado la única, la incuestionable, “la verdadera verdad histórica” sobre lo que ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos.
La realidad, “la neta del planeta”, según los observadores políticos objetivos, imparciales, enhiestos y erectos, es que los del GIEI querían “seguir mamando y dando de topes”, sin aportar nada y aprovechando que México los recibió con los brazos abiertos, pagó sus honorarios, viáticos y hasta les hizo publicidad.
El representante artístico de los actores del multicitado grupo lamentó que México no haya prorrogado el contrato, a pesar de que cada una de sus presentaciones era “taquillera”. Decepcionado por la actitud del gobierno, el susodicho anunció que buscarán otros patrocinadores porque un espectáculo de esta magnitud --que ya le dio la vuelta al mundo gracias a la magia de las telecomunicaciones-- no puede concluir así nada más. De modo, pues, que la CIDH creará, por su cuenta, un mecanismo de seguimiento especial que vigilará que se cumplan objetivos y recomendaciones plasmados en el informe del GIEI. O sea: ¿se van pero no se van? Bueno, tal vez estén pensando en realizar algunas giras artísticas de despedida, al puro estilo de Vicente Fernández.
Pero si bien es cierto se van a su casa los del multicitado grupito, el espectáculo continuará en la pista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su presidente, Luis Raúl González, denunció primero la participación de elementos de la Policía Federal en la desaparición de algunos normalistas –no de todos--, la noche del 26 de septiembre pasado. El fin de semana declaró que varias empresas obstaculizaron las investigaciones de la PGR y de dicha comisión sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. No dijo nombres ni dio detalles. “No podemos revelar datos porque incurriríamos en alguna responsabilidad, pero la información la tiene la PGR en los documentos que entregamos”, argumentó el llamado ombudsman. ¡No le saque! Le grita el respetable.
La pregunta obligada es: ¿por qué hasta ahora abrió la boquita Luis Raúl González?
Agenda previa
¡Pero qué necesidad de atizarle al avispero, Aurelio! Le dicen los observadores al secretario de Educación después de las escaramuzas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional cuando se enteraron que el IPN iba a ser controlado en vivo y en directo por el titular de la SEP.
No se dejen confundir por información sobre supuestos cambios en la estructura y la legislación del IPN, dijo Nuño en un mensaje a la comunidad politécnica. “Yo lo único que quiero es tener una relación directa y sin intermediación entre esta gran institución y la SEP”. El IPN seguirá siendo un órgano desconcentrado de la SEP, aclaró, reiteró, subrayó Nuño. ¿Y entonces por qué lo quiere concentrar en sus manos?
