El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que amplía a 850 el catálogo de sujetos obligados al incluir al sector energético, de telecomunicaciones y competencia y establece 224 nuevas obligaciones.
Establece que todas las personas físicas y morales que reciban recursos públicos están obligadas a transparentar su utilización cada vez que un ciudadano lo solicite.
Además, el INAI podrá imponer a los sujetos obligados amonestación pública o una multa de entre 150 y hasta mil 500 UMA´s (unidad de medida y actualización que sustituye el uso del concepto de salario mínimo vigente) por no cumplir con el ordenamiento. Y otorga facultades de atracción al instituto nacional para revisar solicitudes de información a los órganos locales ante un posible conflicto de interés.
Se registraron 383 votos a favor, 32 abstenciones y un voto en contra; el del diputado independiente, Manuel Clouthier, quien consideró que una amonestación pública para sancionar a un funcionario que oculta información es “una payasada” con los altos niveles de impunidad y corrupción que existen en el país.
Las bancadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) y Clohutier impulsaron reservas en 31 artículos del proyecto. Desde tribuna, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, dijo a los legisladores que San Lázaro “no es una ventanilla de trámite” que sólo palomea lo que recibe del Senado y que no se trata de aprobar las minutas para agilizar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ante la falta de acuerdos, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), decretó un receso de casi dos horas para intentar alcanzar consenso que permitiera sacar adelante la minuta sin mayor cambio. Los ajustes implican que la minuta regrese a la cámara de origen para su revisión.
Al iniciar la sesión, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro (Morena), presentó una adenda al dictamen para modificar el artículo cuarto transitorio para que el INAI apruebe en un plazo de seis meses —a partir de la entrada en vigor de esta ley— los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos de los sujetos obligados del ámbito federal.
La diputada del PVEM, Sharon Cuenca Ayala, dijo en tribuna que con la nueva ley el catálogo de sujetos obligados se amplió de 800 a 850, incluyendo las instituciones del sector energético.
El documento permitirá que el INAI acote aquellas resoluciones que avalen los órganos locales cuando el sujeto obligado pretexte la inexistencia de la información y, además, el sujeto obligado deberá presentar una prueba de daño para justificar que argumente que se vulnera la seguridad nacional.
La panista Mayra Enríquez Vanderkam defendió la minuta, ya que en la cámara de origen se realizaron foros y se tomó en cuenta la voz de las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema de la transparencia.
Transparencia y rendición de cuentas
La nueva ley establece, entre otras cosas, lo siguiente:
-El Congreso deberá informar sobre los recursos financieros recibidos por cada legislador (dieta, bono, apoyos extraordinarios, apoyos legislativos, compensaciones y gastos de gestión)
-La elección del presidente del INAI se hará en sesión pública y no por voto secreto.
-Los sindicatos serán sujetos directos y deberán contar con un comité de transparencia.
-Amonestación pública y multa económica a los sujetos que no cumplan con la ley.