Qué bueno que el secretario de la Defensa Nacional haya ofrecido sentidas disculpas a la sociedad agraviada por el inadmisible comportamiento de militares que torturaron a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, hace 14 meses, y que les haya hecho saber a todos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el territorio nacional su indignación.
Qué bueno que “les haya leído la cartilla” diciéndoles que “quienes actúan como delincuentes no respetan a las personas; quienes desobedecen no son dignos de pertenecer a las Fuerzas Armadas…”, y que haya exhortado e instruido a la totalidad del personal militar a no permitir hechos de esta naturaleza, que, dijo, “nos indignan como personas, como ciudadanos y como soldados”. Mejor aunque haya refrendado al pueblo de México y a sus instituciones, su compromiso de lealtad, acatando estrictamente el estado de derecho y ratificando que en el presente caso y en todos los que personal militar vulnere la ley o los derechos humanos, se procederá con rigor y contundencia contra los responsables.
Qué bueno también que el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, haya lamentado los mismos hechos, que calificó de agraviantes y dolorosos porque “ofenden a la ciudadanía y deshonran a las instituciones de seguridad…”; y que también haya externado una disculpa pública y prometido que este tipo de actos no se repetirán.
No podía faltar en esta serie de discursos y lamentaciones el del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien señaló que para el Gobierno de la República es una prioridad eliminar la violación a los Derechos Humanos, y apuntó que si bien ha habido avances en la materia “debemos reconocer que no hemos logrado erradicarla y que su práctica persiste en distintos ámbitos de la cadena de seguridad pública. Los agentes de cualquier corporación policíaca deben ser auténticos defensores de los derechos humanos”, destacó.
El más preocupado de quienes han externado su indignación por los hechos en Ajuchitlán, y por otros casos donde los integrantes de las fuerzas armadas han estado involucrados, es el secretario general. Primero porque afecta la imagen de la institución; segundo porque para nadie es un secreto que la relación entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de la Defensa Nacional “no está a partir de un piñón”, precisamente por este asunto de los derechos humanos. Los lamentables acontecimientos comentados han de tener feliz de contento a Raúl González Pérez, aseguran los observadores políticos objetivos e imparciales. Tercero, por la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado y desorganizado que, dicho sea de paso, algunos cuestionan.
El mensaje del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, a las tropas para reforzar su actuación en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, el 16 de abril pasado, hizo recordar al columnista el discurso que pronunció en la conmemoración del 105 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, donde preguntó:
¿Qué estamos dispuestos a hacer por México? Y él mismo respondió: “Para quienes integramos las Fuerzas Armadas nos queda clara la respuesta: seguir esforzándonos, día con día, en todo el país, hombro con hombro con toda la sociedad; respetando estrictamente la ley y los derechos fundamentales de las personas para coadyuvar a generar las condiciones de seguridad que merecemos. Nos queda claro que la mayoría de nuestros connacionales comparte este ideal, así lo vivimos en cada rincón del territorio nacional donde tenemos la oportunidad de hacer presencia. Por todo ello, y por México, estemos dispuestos a afrontar la violencia, la impunidad y la corrupción, y sustituirlas por educación, transparencia y justicia. Por México estemos dispuestos a desterrar la intolerancia, la difamación, la transgresión y sustituirlas por unión, armonía y respeto…”.
¡Doble preocupación, pues!
Agenda previa
Los abogados de Rubén Espinosa, que no son los defensores de todas las víctimas del caso Narvarte como presumen, festejaron ayer que les habían otorgado un amparo para que la Procuraduría de Justicia Capitalina reabra el asunto. Pero resulta que el susodicho amparo dice, textual, en la página 13: “Deje sin efectos el acuerdo del 28 de septiembre 2016, dictado en la averiguación previa…”, fecha que aún no llega, por lo que tendrán que esperar sentados más de cuatro meses. Quienes siguen este penoso asunto comentan que, al parecer, lo que buscan las hermanas de la persona agraviada es una compensación económica o beneficiarse del Fondo de Víctimas que tiene la PGJ. ¿Usted cree en tanta perversidad?
