GUATEMALA. Lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude son los delitos imputados hoy al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por su supuesta participación en la trama de corrupción descubierta en la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

 

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Juan Francisco Sandoval, empezó este miércoles la acusación ante el juez Miguel Ángel Válvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo.

 

Sandoval explicó que según el colaborador del MP en este caso, Juan Carlos Monzón, Roxana Baldetti mandó a decir a los empresarios españoles, por instrucciones de Pérez Molina, que el pago de la comisión era de 30 millones de dólares.

 

De estos, señaló que 24,5 millones iban destinados a los socios locales de la estructura (Pérez Molina y Baldetti), 5 millones para un grupo de argentinos involucrados en la trama y medio millón para otros gastos.

 

El dinero recibido de TCQ fue invertido por Pérez Molina, que percibió unos 4 millones de dólares, en la adquisición de lanchas e inmuebles y con su actuación, explicó Sandoval, el entonces presidente consintió y admitió el contrato de usufructo otorgado a TCQ violando la Ley de Contrataciones del Estado.

 

En esta norma se explica que el Ejecutivo, que adjudicó a TCQ el proyecto para la ampliación de la terminal de Puerto Quetzal por unos 255 millones de dólares, no puede dar en concesiones terrenos de una empresa descentralizada.

 

El fiscal también acusó a Pérez Molina de ocultar el contrato de usufructo a TCQ a través del subinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) Julio Rolando Sandoval Cano: “Usted como presidente, a través de Sandoval Cano, burló la ley de contrataciones del Estado que le impide dar en concesión terrenos de la portuaria quetzal”.

 

“Usted estuvo al tanto y consintió la celebración de los contratos sin contar con las bases legales y se pusieron cláusulas proteccionistas al contrato”, manifestó el fiscal durante la imputación a Pérez Molina, un tono que también mantuvo con Baldetti, a quien acusó de tener “conocimiento” de los hechos.

 

TCQ era hasta el pasado mes de marzo la filial en Guatemala de la empresa española TCB, que fue vendida a la empresa holandesa APM Terminals: actualmente, la propiedad de TCQ corresponde en un 85 % a APM y en un 15 % a la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial.

 

Así lo explicó hoy el comisionado Presidencial, Enrique Godoy, quien detalló el apoyo financiero recibido por el proyecto de ampliación de Puerto Quetzal por importe de más 100 millones de dólares a través de un crédito sindicato de los bancos GyT Continental (guatemalteco), IFC y Banco Holandés de Desarrollo (FMO).

 

La vista fue aplazada para las 09:00 hora local (15:00 GMT) de mañana jueves, cuando la Fiscalía continuará con la imputación de los otros 9 implicados presentes en la sala, ya que otros cinco permanecen en busca y captura.