De acuerdo con senadores del PRD y el PAN consultados por 24 HORAS, sus coordinadores parlamentarios se reunirán más tarde para definir la fecha de un periodo extraordinario de sesiones que les permita antes del 28 de mayo próximo aprobar las leyes secundarias anticorrupción.
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No obstante que la cita para iniciar la que se prevé sea la última sesión ordinaria del actual periodo legislativo en el Senado era a las 11 dela mañana, los senadores se dieron cita en el salón de Plenos tres horas después para iniciar la discusión de los más de 100 asuntos que vienen enlistados en la Gaceta del día.
Además, continúan detenidas las negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios para intentar aprobar la iniciativa del Ejecutivo sobre la regulación de la cannabis con fines medicinales y de investigación científica y el aumento en el gramaje permitido para consumo personal.
Esta mañana los grupos parlamentarios del PRI y PVEM, dieron a conocer sus propuestas sobre seis leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en el que establece la obligación a realizar la declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos, sin embargo aclara que los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, "sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público, de conformidad con lo previsto por el artículo 6o. de la Constitución, así por las disposiciones de la Ley General de Acceso de la Información Pública y demás aplicables.
Difiere de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 en el sentido de que sólo da alcance al segundo grado familiar y no hasta el cuarto grado consanguíneo como propone la iniciativa ciudadana.
Deja a consideración del servidor, hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial y podrán incluir información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información.
Destaca la propuesta de faltas de actos de particulares en situación especial, la cual refiere a aquellas realizadas por candidatos electorales, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir algún beneficio indebido ya sea para sí, para su campaña electoral o para su cónyuge. dmh