El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la miscelánea penal, que significa cambios en 10 ordenamientos, y que entre otras medidas, autoriza la geolocalización de celulares –incluida la información de redes sociales- involucrados en delitos como el secuestro y además se podrán disolver empresas que de manera deliberada hayan fallado en sus procesos internos y sean vulneradas por el crimen organizado.
“Que tremendo que las telefónicas sepan dónde está un celular y las autoridades o los familiares de la víctima no lo sepan”, explicó el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra (PRI)
Los diputados aprobaron un paquete de reformas que modifica y adiciona 10 leyes directamente vinculadas al sistema acusatorio adversarial, cuyo plazo de instrumentación a nivel federal vence el 18 de junio. Con 403 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones se aprobó este paquete de cambios en lo general.
La diputada del PRI, Martha Tamayo, explicó que con los cambios también se sepultan el cúmulo de amparos contra el auto de formal prisión.
La minuta regresa con cambios al Senado y se subió a tribuna de San Lázaro con la presentación de un adendum con modificaciones adicionales respecto al dictamen que se conoció de trámite en primera lectura.
Luego de permanecer desde 2014 en la congeladora, los diputados destrabaron el análisis de la minuta que impulsaron en el Senado el ahora presidente de la cámara alta, Roberto Gil Zuarh (PAN), y la actual procuradora general de la República, Arely Gómez.
Entre las reformas se plantea la obligación de conservar los datos de comunicaciones intervenidas sólo cuando constituyan medio de prueba; de lo contrario, serán destruidos.
En la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, los diputados dejan claramente la diferencia entre lo que es un testigo protegido –ligado al crimen organizado– y un testigo colaborador, para quienes sean o hayan sido integrantes de la delincuencia organizada.